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Editorial & Opinion

Una reforma de pensiones bien sustentada

Eugenio Chicas / Secretario de Comunicaciones de la Presidencia

martes 19, septiembre 2017 - 12:00 am

Seguimos rezagados en la reforma de pensiones. En la historia, nuestro sistema previsional nace con mucho retraso y sin el debido fundamento técnico, empujado por la presión de la lucha obrera en la década de los años veinte, surge con la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS) que presionó por la aprobación de la “Ley de protección a los empleados del comercio” (31-05-27) en materia de accidentes laborales.

Producto de esas luchas, surge la Ley de Pensiones, jubilación y pensión ante la vejez (1930), cubriendo únicamente a trabajadores públicos de gobierno y del Órgano Judicial. El surgimiento del Partido Comunista capitaliza la efervescencia social, que coincide con el surgimiento del Partido Laborista del Ingeniero Arturo Araujo y del maestro y escritor Alberto Masferrer.

El Laborismo nace con una fuerte incidencia socialdemócrata de los laboristas ingleses, país donde estudió el ingeniero Araujo. Esta plataforma marcó el éxito de su gobierno fugaz de apenas nueve meses (01-03-31), que sucumbe al golpe de estado ultra conservador de su vicepresidente y ministro de guerra, el general Maximiliano Hernández Martínez (02-12-31) iniciando una dictadura de 13 años; continuada por sucesivos golpes militares, frustrando toda posibilidad de una reforma liberal-progresista que pudo establecer un curso histórico diferente para nuestra nación.

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Caído el general Martínez y con el arribo al poder del general Castaneda Castro (01-03-45), se restituye y reforma la Constitución de 1886, incluyendo a rango constitucional la creación del Seguro Social obligatorio para los trabajadores bajo un empleador, medida que acompaña al incipiente proceso de industrialización y diversificación productiva; únicamente para prestaciones médico-hospitalarias debido al creciente número de accidentes laborales.

Años después el Consejo Revolucionario de Gobierno (1949) impulsa con poco sustento la primera Ley del Seguro Social (1953) incluyendo la asistencia médica, la previsión ante enfermedades o accidentes, y maternidad; incorporando empleados gubernamentales, públicos de otras dependencias, municipales. Sectores como el magisterio quedan excluidos de este incipiente beneficio y solo después, tras una larga huelga de 58 días en 1968, alcanzan su propia cobertura apenas en servicios de salud por medio de una Ley del Magisterio.


En 1975, tras un largo periodo de luchas gremiales y sin el soporte actuarial debido, surge el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP); sistema que llega con un rezago de 56 años; otros países como Argentina tenían sistemas previsionales con soporte actuarial y desarrollo desde 1919.

Es hasta los años 70 en que surgen incipientes y dispersas instituciones previsionales sin el debido soporte técnico: la Caja Mutual de la Fuerza Armada (1974) que mutaría al IPSFA (1981). Diversos programas de seguridad social como la Ley de Servicios Médicos y Hospitalarios del Magisterio (1978), sistemas específicos para autónomas como ANTEL, CEL, Seguridad Pública, Servicio Exterior. Así arribamos a la Constitución de 1983 que estableció: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio administrado por una o varias instituciones…” sin embargo esta reforma no estuvo acompañada del impulso de formación de profesionales que sustentaran el futuro de estas reformas.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, los grupos de poder económico mueven sus piezas para controlar el sistema financiero, privatizan el sistema bancario(1993) y luego el sistema previsional (1996) con las consecuencias desastrosas conocidas: déficit financiero, desequilibrios macroeconómicos, baja cobertura y excesiva carga fiscal. A la base de este descalabro hubo graves errores técnicos, falta de un debido estudio actuarial, ausencia de debate nacional, diferencias con el modelo chileno tomado de base para la reforma. En definitiva, privaron mezquinos intereses de grupos conservadores de la derecha y se ocultó la necesidad de soportes técnicos actuariales.

Hoy, alcanzar una buena reforma de pensiones, requiere suficiente sustento para evitar un nuevo fracaso como el de la reforma  de 1996, de ahí la importancia de un actuario calificado que analice y certifique la viabilidad y sostenibilidad de las principales propuestas.

El estudio actuarial como ciencia, aún no es carrera en nuestras universidades, solo la Superintendencia del Sistema Financiero cuenta con algunos profesionales formados en el exterior, y dedica espacio a esta disciplina que tiene sus orígenes en el Imperio Romano, se desarrolla en el sistema de seguros inglés (1762) y desde entonces su finalidad ha sido estudiar los sistemas previsionales, mercados financieros, aseguradoras, cajas de ahorro, bancos, seguros sociales, institutos de estadística, casas de bolsa.

El fundamento de esta disciplina son las matemáticas financieras y actuariales, las ciencias sociales, la estadística probabilística, la demografía, el derecho; de esta manera evalúa modelos, establece pronósticos, indicadores, fundamentados en estudios de movimientos de población, natalidad, mortalidad, migración; así como causas y efectos económicos, sociales y políticos del diseño de determinado sistema previsional.

De esta manera con el estudio actuarial de un consultor calificado, presentado a diversos sectores, puede considerarse que ya no hay excusa para seguir postergando una reforma suficientemente sustentada en un estudio de calidad, que deje de lado enfoques de preeminencia ideológica, o sesgos políticos, y mucho menos intereses mezquinos de grupos económicos.




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