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Editorial & Opinion

Una reforma entre luces y sombras

Ana Ruth Cevallos/ Economista investigadora @cevallob

viernes 6, octubre 2017 - 12:00 am

La reciente reforma al sistema de pensiones pinta un escenario claroscuro para el país; una tonalidad que, simbólica e irónicamente, concuerda con el secretismo con el que fue negociada y con las altas horas de la madrugada en las que fue aprobada; pero en términos pragmáticos se trata de un matiz entre luces y sombras que responde al carácter ambivalente de los alcances de la misma. En este sentido, si bien la reforma contiene elementos que podrían interpretarse como favorables; por otro lado, también adolece de aspectos estructurales que, eventualmente, pudieran aportar luces al actual (y futuro) panorama en materia previsional y fiscal.

En este orden, puede afirmarse que aunque se ha logrado una reforma exitosa, considerando que se apega y responde a la crisis de impago que motivó su aprobación; al mismo tiempo se trata de una reforma cortoplacista y limitada, ya que prioriza el alivio de las presiones sobre la deuda pero con medidas que, entre otros aspectos, descuidan la debida rigurosidad técnica, al carecer de estudios actuariales que las respalden; reparten premios y castigos de forma desbalanceada, pues mientras se incrementa en dos puntos porcentuales la cotización de la población trabajadora, por otro lado se aplica una reducción de apenas 0.3 % en las comisiones de las AFP´s;  dejan sin atender los  problemas estructurales del sistema previsional (baja cobertura, inequidad, concentración del mercado –duopolio de las administradoras-, entre otros); y en definitiva, obvian  las demandas que deben ser atendidas para incidir en su sostenibilidad al postergar cambios paramétricos, como por ejemplo la edad de retiro.

De esta forma se configura un panorama en el cual, aunque para el próximo año se estima un “ahorro” de alrededor de un 1% del PIB, en realidad a partir de 2019 se desconoce el impacto fiscal que se obtendrá con la implementación de las medidas consideradas. Desde otro ángulo, es de resaltar que si bien la actual reforma ha sido una especie de lluvia de destellos, paralelamente la misma pareciera definida por el azar, inacabada y discriminatoria.

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Esto se afirma en el sentido que, a pesar que se lograron ciertos brillos en algunos aspectos, entre ellos la creación del fondo solidario; la introducción de medidas para combatir la mora y la evasión; la centralización de los sistemas de información entre AFP´s e ISSS, a fin de reducir la brecha de unas 100,000 personas entre ambos sistemas; la reducción de los beneficios de la población optada -en específico la población beneficiaria con el decreto 100- la cual percibe beneficios muy por encima de sus respectivos aportes, etc; no obstante, gran parte de ellos no son sustentables actuarialmente. No cabe duda que una vez alcanzado el propósito, de atender la coyuntura de impago en el corto plazo, se decidió apagar las luces, dejando en la penumbra los aspectos ya señalados y por tanto, dilatando su incorporación.

Consecuentemente, la reforma ha carecido de la integralidad necesaria, y por ende, siguen quedando fuera de la misma los sectores tradicionalmente excluidos: el sector agrícola que registra una baja participación y el sector informal, en donde predominan las mujeres, entre otros; al tiempo que se sigue postergando la incorporación de acciones que permitan una verdadera reforma previsional.


En conclusión, las medidas aprobadas no pueden ser consideradas en ningún sentido como el final del camino ni como la panacea de los problemas que debemos atender, en lo previsional y en lo fiscal. Por el contrario, deben ser entendidas en sus justas dimensiones, y en este sentido, deberán concebirse únicamente como el inicio de un largo recorrido, el cual necesariamente demanda ser acompañado de una adecuada educación previsional para la población. Finalmente, resultará imperativo además un acuerdo fiscal que incorpore todas las voces representativas de la sociedad salvadoreña y donde el centro de la discusión sea la garantía del derecho de protección universal.




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