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OPINION

En los últimos diez años el 42 % de los delitos que se cometen en el país han sido ordenados desde los centros penales, según los datos estadísticos del gobierno y dados a conocer por el vicepresidente de la República Óscar Samuel Ortiz.

Ortiz detalló que homicidios, extorsiones, amenazas, chantajes y otros delitos son ordenados desde los penales por reos que ya están condenados y que siguen teniendo el poder sobre las estructuras criminales, entiéndase  grupos de pandilleros terroristas.

Lo anterior lo expresó  el vicemandatario la semana pasada en el marco del inicio de la construcción de una granja penitenciaria en Zacatecoluca, donde dio a conocer que se realizará una reingeniería del sistema penitenciario que permita retomar el control de las cárceles a efecto de evitar que los internos sigan ordenando delitos.

Según Ortiz el gobierno invertirá $152 millones en la reingeniería del sistema penitenciario que contempla, a saber:  Resolver el hacinamiento que por hoy es del 300 %, construir tres centros de reclusión temporal para presos en fase de confianza, uniformar a la población por lo que ya no será permitido el ingreso de ropa y, lo de mayor trascendencia, poner a trabajar a 10 mil reos de baja peligrosidad en tareas productivas.

Por supuesto que una reingeniería es necesaria, pero va más allá de construir nuevos penales o sacar a trabajar a los reos o simplemente uniformarlos. El sistema penitenciario en el país requiere de una reingeniería que llegue a la esencia y no se quede en lo fenoménico. Es necesaria una estricta depuración del personal de seguridad y de las autoridades penitenciarias en todos sus niveles. Una orden para matar sale desde el penal, pero no sale sola, sale con la complicidad directa o indirecta de muchos, desde quienes omiten investigar hasta quienes son los “correos” o canales de mediación para girar las órdenes.

Ya se han hecho muchas depuraciones de personal, pero quizá no se ha efectuado en el nivel que debe realizarse. Ha destituido a directores, alcaides, personal de seguridad y administrativo, pero no han llegado hasta donde están los que planifican y visualizan el macro problema. Las medidas extraordinarias, vigentes en la actualidad, han ayudado a tener algunos controles en penales, pero no ha sido suficiente. Los reos siguen teniendo comunicación con el mundo exterior y por ende siguen fluyendo órdenes delictivas. El gobierno ha sido incapaz de controlar totalmente esa situación, aun sabiendo qué empresas telefónicas se niegan a colaborar.

El ciudadano común tiene la percepción de que los reos, especialmente los pandilleros, siguen gozando de privilegios y cada vez que se captura o condena a uno de ellos se hace la idea que en el penal tendrán comida gratis gracias al impuesto de todos los buenos salvadoreños. Desde luego, aunque criminales, siguen teniendo los derechos como seres humanos, pero no se debe ser tan permisivo con ellos. Bajo estrictas medidas de seguridad  y dentro de los penales, granjas o centros de reclusión, hay que obligar a los pandilleros presos a ser productivos, poniéndoles a trabajar para que se ganen el sustento de cada día.

En los penales reina el ocio y con tanto tiempo sin hacer nada, es lógico que los delincuentes sigan pensando en cometer más delitos. Cuentan que en los tiempos del exdictador Maximiliano Hernández Martínez, los reos eran obligados a trabajar duro bajo ciertas condiciones, no sería malo revisar y evaluar esa factibilidad.

En realidad cualquier medida que permita reducir los delitos ordenados desde los penales será buena, obviamente en el marco de la legalidad. Recordemos que homicidios, extorsiones, amenazas, violaciones, secuestros y todo acto de terrorismo se ordenan desde los penales, pero que éstos no podrían ejecutarse si se les corta todo flujo comunicativo y si  fuera de las cárceles no hay ejecutores de esas órdenes.En síntesis, debe evitarse que las órdenes lleguen o que no haya quienes las reciban.

Una reingeniería en el sistema penitenciario es necesaria, pero debe ser amplia, completa y bien enfocada desde sus bases hasta las altas esferas. $152 millones puede parecer una cifra muy alta, pero ese gasto debe valer la pena si eso conlleva seguridad para la gente honrada.

 

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