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Editorial & Opinion

Una Sala Constitucional firme e imparcial

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

martes 4, julio 2017 - 12:00 am

Los días transcurren con rapidez y, con ellos, cada vez más crece en el gremio de abogados del país el interés y la preocupación  por la nueva Sala de lo Constitucional, cuya elección corresponderá a la aún actual Asamblea Legislativa a mediados del próximo año, mismo que trae  en las hojas del calendario cívico la elección crucial del próximo Órgano Legislativo, los escrutinios para la conformación de 262 concejos municipales, para concluir el proceso en marzo de 2019, con la elección del nuevo Presidente de la República.

De por sí, ya es evidente el interés de los diversos partidos del espectro político en preparar, con bastante antelación, los cuadros de sus respectivas planillas municipales y legislativas que someterán a la voluntad del pueblo a través del voto de los ciudadanos de uno y otro género, con aptitud legal para emitir el sufragio en su momento oportuno. El respeto a la decisión mayoritaria de la ciudadanía, sin que se produzcan amaños fraudulentos, coerciones viciadas o corruptelas reprochables, es función que no solo compete a los institutos políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino a toda la maquinaria gubernamental, al Ministerio Público, los jueces de la República y, por supuesto, a todos y cada uno de nosotros los ciudadanos.

Se puede afirmar, con seguridad, que el primero y más relevante reto que podría afrontar la nueva Sala de lo Constitucional será, precisamente, garantizar con plenitud jurídica, conducta imparcial y ajustada a derecho, esa decisión popular expresada en las urnas, que no dudamos será también supervisada por la comunidad internacional.

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No está de más recordar que, de conformidad a nuestra Constitución, ejercer el sufragio es un derecho y un deber, de naturaleza política, de todos los hombres y mujeres de El Salvador, mayores de 18 años de edad, salvo excepciones.  Para ejercer ese derecho y cumplir con tal deber, es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral elaborado por el TSE. O sea, que nadie está obligado a pertenecer a un determinado partido para votar en forma libre, directa, igualitaria y secreta en el día de las elecciones, pero no podrá hacerlo en caso no aparezca en los llamados padrones electorales o listados del TSE. Decimos lo anterior, como una forma de orientar a las gentes que, a veces piensan, que no pueden ir a votar porque “no son de ningún partido”.

Asimismo, de acuerdo siempre con nuestra Carta Fundamental, el gobierno es republicano, democrático y representativo. Y cuando decimos gobierno, nos referimos a la forma de administrar la República como tal, no solo es el Presidente de la nación, sus ministros y demás funcionarios ejecutivos, aunque sea la personalidad más sobresaliente y con responsabilidades que otros no poseen.


Pero el Gobierno del Estado al ser republicano, significa que lo administran tres órganos (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), independientes dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, pero colaborando entre sí para el buen manejo de la cosa pública a ellos delegadas.

Por eso, es necesario y primordial que El Salvador, como república, tenga una Sala de lo Constitucional firme, imparcial, apolítica y apegada a la Carta Magna, para evitar que los funcionarios de cualquier órgano, se extralimiten en las facultades que expresamente les concede la ley. Porque el hecho de que alguien sea elegido o nombrado funcionario público, no lo convierte, ipso facto, en un “mandamás” que todo lo puede hacer, guste o no guste a la ciudadanía que le ha encomendado algunas funciones, sin más facultades que las dadas por ley. Por eso, cuando hay abuso de poder, o se emiten leyes, reglamentos y disposiciones que van contra la Constitución, cualquier ciudadano puede ocurrir para ante la Sala de lo Constitucional e interponer un recurso de amparo por la violación jurídica o irrespeto observado.

Es vital que para mantener firme nuestro sistema republicano y democrático, los legisladores deben votar por abogados honestos, imparciales, sin nexos partidarios o con  intereses preconcebidos, para conformar la próxima Sala de lo Constitucional. Hemos avanzado en jurisprudencia constitucional. No vayamos a retroceder y caer, como en ciertos países hispanoamericanos, al fango de la dictadura, la impunidad y la corrupción.




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