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Editorial & Opinion

Una Sala ejemplar e histórica

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 5, junio 2018 - 12:00 am

El último fallo aprobado por la realmente honorable Sala de lo Constitucional confirmando la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, que había sido objeto de reformas legislativas para declarar la prescripción, intentando justificar esa acción dañina contra el combate a la narcoactividad y la corrupción, alegando sus impulsores de que se trataba de una ley confiscatoria y retroactiva, vino a confirmar, por enésima vez, que los  actuales magistrados constitucionalistas realizan un desempeño pocas veces visto en la historia jurisdiccional salvadoreña.

Esa honorable Sala, conformada desde sus inicios por los juristas José Belarmino Jaime Flores, Sídney Blanco, Rodolfo Ernesto González Bonilla y Florentín Meléndez, dejan para nuestro gremio y para la nación, un legado de jurisprudencia constitucionalista, que será muy difícil de superar, o de igualar, en corto tiempo. Su calidad profesional para resolver con justicia y decoro los diversos recursos interpuestos, son auténticas demostraciones de su notoria moralidad e instrucción, que los llevaron, en determinadas circunstancias, a enfrentar insultos, ataques personales, amenazas y hasta un intento de poner diques a su poder decisivo como magistrados, mediante la aprobación nocturna de aquel fatídico decreto legislativo 743, aprobado el 2 de junio de 2012 y sancionado por el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, ¡a los dieciocho minutos de recibirlo en Casa Presidencial!

Horas después, turbamultas violentas, acompañadas por el entonces presidente del órgano legislativo, señor Othón Sigfrido Reyes y algunos diputados que aún siguen como tales, llegaron al edificio de la Corte Suprema de Justicia a romper las cerraduras de sus despachos y “nombrar”, entre gritos e insultos, a cierto abogado, de cuyo nombre no quiero acordarme. Incluso, acudieron a una Sala regional para que interviniera sin tener ninguna jurisprudencia. Hoy, a varios años de distancia, es satisfactorio expresar que gracias a la participación de muchos abogados, asociaciones y periodistas conscientes, de elevada responsabilidad y patriotismo, impidieron que se realizara ese atentado antijurídico e inmoral.

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Durante su gestión que finalizará el 12 de julio próximo, la Sala ha pronunciado fallos en materia penal, civil, familiar y otras ramas del Derecho, ajustándolos con certeza y sabiduría a lo preceptuado en la Constitución de la República, el amplio conocimiento de la doctrina constitucional que se inició con los planteamientos del pensador francés Montesquieu y otras fuentes, constituyéndose en un máximo tribunal que, por muchos años, no habíamos tenido en el país y que en diversas ocasiones, con la ley primaria en sus manos, detuvo los intentos de supremacía de los otros dos órganos del Estado, motivados por razones partidarias o de conveniencias particulares. Precisamente, ahora que nos encaminamos a la conclusión de su período, nos asalta la preocupación que a la Sala lleguen abogados carentes de instrucción y moralidad notorias, que no sean totalmente independientes, con nexos o innobles sentimientos políticos de naturaleza partidaria, que hagan retroceder la actuación auténticamente independiente e inteligente de la Sala actual. Porque en realidad es preocupante que incluso varias entidades del país y del extranjero hayan expresado que en los procesos de selección de candidatos, tanto por el siempre cuestionado Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), como los propuestos por la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes), algunos de los propuestos “carecen de moralidad notoria”, una calificación que debe ser un punto de seria reflexión para todos los salvadoreños y, especialmente, para los diputados.

Aún más preocupante, es la afirmación hecha pública por los expertos internacionales Jan Michael Simon, investigador científico del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero, de Friburgo, Alemania; la doctora en Derecho Constitucional Magdalena Correa Henao, de la Universidad Carlos III, de Madrid, España y don Antonio Maldonado, master en Derecho Internacional Público, con especialidad en Derecho Internacional por la prestigiosa The American University, de Washington, Estados Unidos de América, quienes claramente dijeron que el modelo de elección del CNJ y la Fedaes “no garantizan un proceso de selección de magistrados, conforme a los principios y estándares internacionales; no responden a las actuales necesidades del Estado de Derecho y del régimen democrático en El Salvador, ni a las expectativas de la sociedad civil”. Un juicio grave que obliga a los diputados a que actúen como representantes del pueblo.





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