Editorial & Opinion

Una Sala sin nexos partidarios

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 14, febrero 2018 - 12:00 am

La concepción clásica de los poderes u órganos del gobierno estatal ideada por los pensadores John Locke y Montesquieu, se estableció como norma constitucional desde que en 1886 se decretó la Carta Magna de ese tiempo, durante la administración liberal del general don Francisco Menéndez y ha perdurado hasta la actualidad en el Art. 86 que literalmente dice en su primer inciso:” El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. Punto y aparte, leemos el segundo inciso: “Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

Respecto al Órgano Judicial, retomo lo que escribió el jurisconsulto Dr. José Luis Lovo Castelar en este importante medio, al referirse a una Sala crucial en los órganos judiciales centroamericanos, dice textualmente: “Las Salas de lo Constitucional tienen la posibilidad de resolver amparos, hábeas corpus e inconstitucionalidades, llegando a juzgar fallos pronunciados por las otras Salas. Las Salas de lo Constitucional vienen a ser instrumentos con poder decisivo en el equilibrio de los tres poderes: disponen de mecanismos de defensa de la Constitución, incluyendo los tres tradicionales recursos citados. Además, dirimen conflictos surgidos entre los otros poderes, como ocurre con el veto del ejecutivo”.

Con esta pequeña transcripción, quiero manifestar la suma importancia que tiene para la institucionalidad del Estado, tener una Sala de lo Constitucional docta, proba y sin ataduras de ninguna índole con partidos políticos, sea cual sea la ideología o tendencias partidistas. Con las actuaciones jurisprudenciales de la actual Sala, los recursos resueltos y su actuación enmarcada al cien por ciento dentro de sus atribuciones consignadas en la Constitución de a República, en no pocas ocasiones, como hemos sido testigos, ha sido objeto de ataques furibundos e ilógicos por parte de funcionarios e instituciones gubernamentales, de manera frecuente por el Ejecutivo y, de manera evidente, por el Legislativo, que hasta llegó al colmo del irrespeto cuando  aprobó un Decreto para cambiar forzosamente a los magistrados constitucionalistas, sustituyéndolos por abogados adeptos a determinadas banderas políticas, violentando sus despachos y juramentando, ante una muchedumbre vociferante, a un “presidente” de facto de la Corte Suprema de Justicia y por ende de la Sala de lo Constitucional, con alardes de matonería y prepotencia, propias de las crueles dictaduras que todos conocemos y que hoy sojuzgan pueblos hermanos de nuestra sufrida Hispanoamérica.

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El firme rechazo a este “asalto” disfrazado de “legalidad”, impidió que se concretizara y nuestros Magistrados constitucionalistas volvieron a sus funciones, tal y como lo ordena la Carta Magna y demás leyes del país.

Ahora, los abogados salvadoreños nos encontramos inmersos en el proceso de elección para sustituir a la actual Sala de lo Constitucional, cuando concluya su período para el cual fue elegida.


Todos sabemos y conocemos los requisitos legales, así como las condiciones profesionales y personales, que se deben probar y presentar para hacer viable el optar a una magistratura en el tiempo previamente indicado. Es cuestión de ética profesional a toda prueba, forjada en el crisol acerado de la moralidad personal más genuina, resistirnos a ser maleables como pedazos de cobre, para que desde fuera otros moldeen la conducta por seguir, caso se ascienda a una magistratura constitucional.

Para nadie es un secreto, que hay colegas abogados sometidos o inclinados a banderas partidarias, de todo color y tendencia; que obedecen las indicaciones provenientes de los organismos decisorios partidarios donde ellos pertenecen; o bien, son profesionales que nunca han ejercido la docencia universitaria, ni han escrito libros, mucho menos, han observado una conducta irreprochable en su quehacer profesional o vida ciudadana. La suma importancia que tiene, y debe seguir teniendo, la Sala de lo Constitucional, que dejo reseñada en párrafos anteriores, debe ser la brújula segura o la inspiración más pura para que, si consideramos tener esos méritos, presentarnos a la elección o, contrario sensu, por decencia personal y ética profesional, abstenernos de participar en el proceso. No estoy regañando a nadie, solo sugiriendo lo mejor.




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