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Editorial & Opinion

Una visión constitucional del Fiscal General de la República

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

Viernes 21, Abril 2017 - 12:00 am

En los arts. 191 Cn. y siguientes de nuestra Constitución se crea la figura del Fiscal General de la República (en adelante el Fiscal) como uno de los tres titulares del Ministerio Público. Este funcionario debe ser elegido por la Asamblea Legislativa con mayoría de dos tercios de los diputados electos (cincuenta y seis votos); durará tres años en el cargo y podrá ser reelegido; y solamente procederá su destitución por causas legales, también por los dos tercios de los diputados.

Para ser Fiscal se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de treinta y cinco años, abogado, de moralidad y competencia notorias; haber ejercido una judicatura de Primera Instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la abogacía ocho años antes; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores.

Sus principales atribuciones son: 1) Defender los intereses del Estado y de la sociedad. 2) Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. 3) Dirigir la investigación del delito. 4) Promover la acción penal. 5) Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de inmuebles, y de muebles sujetos a licitación. 6) Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato. 7) Velar para que en las concesiones otorgadas por el Estado se cumpla con los respectivos requisitos y finalidades, y ejercer al respecto las acciones correspondientes.

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En el Informe Único del Proyecto de Constitución de 1983 (llamado “Exposición de Motivos”), se explicó que al Fiscal se le habían conferido tales atribuciones para el desempeño de su verdadera función, la cual había sido desnaturalizada por la dependencia hacia el Presidente de la República y por su limitada capacidad legal para actuar en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad.

De esa manera, contrario sensu, se puso de manifiesto el propósito de alcanzar y caracterizar su plena independencia respecto a los otros Órganos estatales. Nos referimos a la autonomía en los ámbitos personal, institucional y funcional, incluso frente a partidos políticos e intereses sesgados de particulares, quedando solamente sujeto a la Constitución y a las leyes.

En el mismo Informe Único se destaca como la función más importante del Fiscal el promover, de oficio o a petición de parte, la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos. Se enfatiza  asimismo que dicho personaje público dejará de ser un simple acusador para convertirse en un vigilante del respeto de los derechos ciudadanos, habida cuenta de que se le confiere la facultad de denunciar o acusar a todo funcionario que infrinja las leyes y la atribución de vigilar e intervenir en la investigación del delito, desde la etapa policial; así también el poder de organizar y dirigir los organismos especializados en la investigación criminal.

La Sala de lo Constitucional en el caso 29-2012, sentencia de 10-VII-2012, declaró inconstitucional la violación a la regla prohibitiva consistente en que una misma legislatura no puede elegir en más de una ocasión al Fiscal, e impedir a la nueva sus competencias implícitas y verificar los requisitos de moralidad y competencia notorias. (Debe haber “sincronía temporal”). En los considerandos de ese fallo encontramos valiosa y enriquecedora doctrina y lineamientos jurisprudenciales; de ellos, destacamos los siguientes: A) (III.1). En una  institución con personalidad jurídica estatal o propia, y patrimonio funcional para la consecución de un interés público, la efectividad y racionalidad no puede quedar librada a la falibilidad del funcionario titular. B) (III.2.A). Las competencias no constituyen derechos o privilegios de los funcionarios titulares, ni implican permisos ilimitados que les concedan dominio absoluto de la Institución, se activan por la verificación de los elementos materiales precisos que requiere la Constitución. C) (III.2.B y C). Los funcionarios deben ser profesionales idóneos en su competencia y moralidad, para asegurar el buen cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio independiente de las funciones de la Institución, delimitadas por la legalidad y la racionalidad, en coherencia con el Estado constitucional y democrático de Derecho.




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