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En los últimos siete años nuestro país se ha visto endeudado a niveles nunca antes observados, ni aun cuando sufrimos por más de una década un conflicto civil interno, con toda la secuela de patologías sociales que ello acarreó y del que todavía sufrimos sus crueles consecuencias, mismas que deseamos conciliar y olvidar para siempre, a fin de dedicarnos, tranquilamente, a preparar un nuevo sendero para las futuras generaciones que nos sucederán y que reclamarán sus derechos inalienables de un mejor clima de estudios, trabajo y asistencia en general. Deseamos sembrar las eras que deparen cosechas óptimas de ciudadanos honestos, que vivan con plenitud y armonía el  despertar de una aurora tecnológica que marcará el signo de los tiempos actuales y venideros.

Es atentatorio e inhumano que intereses sectarios, motivados por egoístas ansias de poder y enriquecimiento ilícito, nos quieran seguir sujetando a paradigmas rezagados de un ayer nebuloso que, por el futuro patrio, debemos echar a un crematorio moral donde ni siquiera puedan esparcirse sus cenizas contaminantes.

Espero que mi llamado no llegue tarde, ante las recientes propuestas, expresadas a sotto voce, pero con suficiente volumen, sobre un oscuro proyecto de traspasar alrededor de cinco mil millones de dólares del fondo privado de pensiones al control del Estado, que revelan la malsana intencionalidad de que los sectores mencionados al inicio de esta columna, siguen moviendo sus tentáculos siniestros sobre una multimillonaria cantidad en dólares, producto de muchísimos años de labor tenaz de miles de trabajadores  y que ahora, por mandato de un decreto legislativo, pasaría ipso facto a manos del peor administrador que conocemos como es el Estado, donde imperan la corrupción, la ineptitud y la negligencia; factores negativos que, de antemano, han provocado reacciones de rechazo no solo de partidos políticos consecuentes, sino de muchas organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, académicos y conocedores del derecho previsional.

El peor problema que afectaría esos fondos no consiste únicamente en que el Estado los administre, sino que ha trascendido que la motivación de esa pretendida y rechazada nacionalización, es que el Estado salvadoreño necesita de recursos para solventar, a costa del sudor del pueblo laborante, su enorme déficit de endeudamiento y su carencia de capacidad presupuestaria para la ejecución de proyectos diversos que debe efectuar esta administración, la cual no cesa de pedir más y más refuerzos, so pretexto de la seguridad. Al respecto, la experiencia en otras naciones, tanto latinoamericanas, como europeas, es que cuando el Estado se apropia de los fondos previsionales para pagar sus compromisos administrativos, el retorno de esos fondos a sus únicos y competentes destinatarios, quienes además son sus auténticos propietarios, o sea, los pensionados, éstos sufren demoras gravísimas en recibir sus  pensiones, sufren grandes y graves pérdidas de capital e intereses, creándose zozobra en miles de personas ya incapaces de ejecutar un trabajo remunerado, en pésimas condiciones de salud o simplemente inválidos. Se trata, pues, de una medida que reitero, sería inhumana, desproporcionada y contraria al bien común que señala la Constitución de la República.

Reconocemos que el Estado atraviesa por un tiempo difícil, producto de la imprevisión y de mucha corrupción. El poder no es cheque en blanco, al que un gobierno le puede colocar un dígito seguido de varios ceros a la derecha. Ni las arcas públicas son tesoros perdidos que cualquiera puede aprovechar. Por eso, es oportuno que a mitad del actual régimen, se haga un alto en el camino y comiencen a poner orden en administrar la cosa pública. Más que endeudamiento excesivo, más que ambicionar el manejo absurdo de fondos que pertenecen a la clase  trabajadora, se debe buscar la forma de incrementar la inversión propia y extranjera, buscar la creación de más fuentes de trabajo productor de empleos y riqueza; no solo enseñar bisutería, sino implementar maquila inteligente; y, urgentemente, aprobar una política fiscal acorde al momento actual. ¡Aún es tiempo para no cometer un nefasto error imperdonable!

 

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