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Editorial & Opinion

Urge protección social a familiares de policías y soldados

Jaime Ulises Marinero/Periodista

martes 29, agosto 2017 - 12:00 am

El 3 de enero pasado, a eso de las 10:00 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizaban un patrullaje rutinario en la colonia El Paraíso del cantón La Flor de San Martín, fueron atacados por pandilleros de manera sorpresiva. Producto del ataque el agente Mario Alberto Hernández Valenzuela , de 27 años, murió dentro de la patrulla policial, siendo el primer policía asesinado este año. Su pequeña hija fue la primera huérfana de padre policía en 2017.

Los policías que lograron defenderse le quitaron la vida a un pandillero y lograron la captura de otros cuatro, quienes la semana pasada fueron condenados por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, a 40 años de prisión por este homicidio.

Los pandilleros Kevin Alexander Velásquez Iraheta, Herbert Orlando Urrutia De la O, José Luis Rivera Letona y Denis Mauricio García González, presos en el penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, siguieron el juicio de manera virtual. Cuando escucharon la sentencia se volvieron a ver entre ellos y sonrieron de manera cínica. Tal vez dentro de algunos años, cuando envejezcan en un penal, tengan tiempo para arrepentirse de su maldad.

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La muerte de Hernández Valenzuela fue ingrata. Toda muerte violenta es ingrata, pero más cuando se trata de un policía encargado de brindar seguridad pública. Desde su fundación la PNC ha perdido a cientos de sus miembros por culpa de la violencia delictiva. Solo en 2014 un total de 38 agentes fueron ultimados, mientras que en  2015 fueron asesinados 66 policías y el año pasado 46 murieron víctima de la violencia.

Este año la cifra ya alcanza por lo menos 22 agentes asesinados, sin contar con los que están desaparecidos, tal es el caso de un agente que  la semana pasada fue privado de libertad en Santa Tecla por pandilleros y hasta la fecha no ha aparecido.


A la muerte de policías se suman los asesinatos de militares. Decenas de soldados han muerto en los últimos años a manos de los delincuentes. A los asesinos no les importa el dolor y la angustia de los parientes de los soldados y policías, incluso se han dado a la tarea de asesinar a personas por el hecho fútil de ser familiares de agentes y militares.

Los agentes policiales y soldados, por cierto, mal pagados por el Estado, se exponen a diario a morir asesinados, sin que muchos de ellos encuentren un sistema  protector adecuado para ellos y sus familias acorde al grado de peligrosidad de su labor.

Hace algunos días un periódico matutino publicó la historia de una viuda y sus cinco hijos, que tras el asesinato de su esposo policía, en junio de 2015, ha quedado viviendo casi de la caridad pública, porque la ayuda ofrecida de manera oficial por el gobierno para las viudas y huérfanos de policías y militares asesinados, nunca ha llegado a su vida. Conozco casos en los cuales, tras el asesinato de policía o el soldado, sus hijos y esposa han quedado a la intemperie u obligados a mendigar ayuda.

El Estado salvadoreño debe crear una ley protectora para sus policías y soldados, incluso que abarque a fiscales y aplicadores de la justicia. No basta con que se haga justicia penal y que los homicidas sean encarcelados por muchos años en la cárcel de máxima seguridad, pues eso no devuelve la vida a las víctimas ni garantiza la estabilidad emocional y material a los huérfanos y viudas.

En lo personal pienso que los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada, especialmente agentes y soldados rasos, no tienen la suficiente protección estatal. Hay que capacitarlos en autocuido, pero también cuidarlos y garantizarles que en casos extremos en que mueran de manera violenta o en cualquier circunstancia ejerciendo su labor, sus familias quedarán protegidas por el Estado.

Ya lo he dicho antes. Es cierto que hay que depurar a la PNC y al ejército para sanear ambas instituciones y evitar la injerencia de delincuentes, pero a los buenos soldados y a los buenos policías hay que estimularlos, mejorarles sus salarios y  garantizarles que el Estado será el responsable de apoyar y proteger a sus hijos, esposa (o), si acaso mueren en el cumplimiento del deber.




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