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La Asamblea Legislativa (AL) lleva más de ocho meses de retraso en la elección de diez miembros (cinco propietarios y cinco suplentes) del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), lo que causa la inconstitucionalidad por omisión del cumplimiento de un deber fijado al congreso en el artículo 187 Cn. La AL tiene en su poder el listado de candidatos propuestos por los abogados del país desde el año recién pasado, que nomina a los vencedores en comicios gremiales celebrado en 2015 por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y no hay modo de alcanzar un acuerdo o de imponer por mayoría una fórmula triunfadora. También tiene las ternas provenientes de los candidatos triunfadores en las elecciones del Ministerio Público y del gremio judicial.

El impasse legislativo se debe a que ninguna de las fracciones dispone del voto calificado de las dos terceras partes de los diputados que la Carta  Magna exige. Ello se deriva de intereses partidarios contrapuestos en disputa, avizorando que la nueva configuración del CNJ será decisiva en la elaboración del listado de candidatos para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección importantísima que deberá producirse a más tardar en marzo de 2018. La falta de elección no sólo es grave en sí; además, afecta negativamente la institucionalidad del Estado, pues obstaculiza el trabajo eficaz y eficiente que el CNJ tiene que cumplir en el ámbito de sus atribuciones y los propósitos democratizadores de los Acuerdos de Paz de 1991. No está funcionando el mecanismo decisorio establecido.

El entrampamiento jurídico es consecuencia de un problema político. Es de suponer que a estas alturas del proceso de consultas ya se conocen los méritos de los candidatos y sus debilidades, que cada Grupo Parlamentario ha hecho saber a los demás sus preferencias y sus vetos, y que las posiciones rígidas impiden el consenso. La falta de transparencia hace que la ciudadanía desconozca quiénes son los candidatos que se perfilan en el escenario y cuáles son los motivos específicos de la grave falta de decisión colectiva. Sin duda es producto de que los intereses partidistas se ponen por encima del interés general, al grado que se incurre en violación de la Carta Magna, sin importarles dañar la imagen propia, del Órgano Legislativo y del sistema político, a sabiendas de que ya lo han hecho en repetidas ocasiones y que por experiencia se sabe que hay impunidad, pues el pecado de los demás limpia la propia falta, que hasta se auto califica de “patriótica” o “revolucionaria”, vista desde sus ideales en torno al futuro de la Nación. Además, piensan que la mancha se diluye, y “ni modo” no transigen, pues hay que vencer a toda costa, cueste lo que cueste.

La inmadurez es manifiesta: hay omisión dolosa del deber que cabe a todos y cada uno de los diputados, amén de que se tornan delincuentes en flagrancia al confiar en la impunidad, en virtud de las inmunidades que gozan. En lenguaje vernáculo: “Este macho es mi mula”, y punto. Hay un “veamos hasta dónde resiste el adversario o qué se nos ofrece a cambio, no importa la Constitución”. Se insiste en el delito todo lo posible, mientras no viene el ultimátum foráneo o la componenda nefasta y el cuoteo, con el que ganarán parcialmente la partida de ajedrez. La política selectiva la conciben como un juego de mesa en el que vence el más astuto o el más poderoso y las reglas convencionales de solución de disputas, no escritas, prevalecen… pues prevalece aquello del “agua para mi molino”, el “para eso me han puesto”, “hay espacios para el lobismo” y el “tráfico de influencias”, etc.

En el Diario El Mundo del 16 de mayo de 2016, página dos, columna “Buenos Días”, se recomienda por el editor Álvaro Cruz Rojas el diálogo como fundamento del entendimiento. También dice “Todos saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen y es esa inacción, esa parálisis en la toma de decisiones, lo que nos tiene metidos en los problemas que tenemos.”

 

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