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Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.

El actual gasto público es insuficiente: hay poco para seguridad, salud, educación, medio ambiente, desarrollo rural. De acuerdo a datos del Banco Mundial, países con ingreso por persona similares a El Salvador tienen Estados de por lo menos 33% del PIB (para el año 2015 el salvadoreño fue de 21.4% del PIB). Por si fuera poco, no hay planificación de largo plazo que oriente el funcionamiento del Estado y la ejecución presupuestaria, sumado a la carencia de indicadores de gestión para la evaluación permanente de la eficiencia y eficacia del gasto público.

Los ingresos que recibe el Estado son insuficientes. Además son ingresos tributarios basados, principalmente en el consumo, que además de ser regresivos, son inestables ante crisis económicas. Por si fuera poco, el país sigue sin contar con un impuesto al patrimonio, de acuerdo al FMI «El Salvador representa un caso raro en la región por no tener este impuesto progresivo». Aunado a una administración tributaria que sigue siendo débil, uno de cada tres dólares de IVA no llega a las arcas del Estado. Y qué decir del otorgamiento injustificado de privilegios fiscales, a quienes se les permite no pagar impuestos, pero no se les pide nada cambio y mucho menos se les fiscaliza.

Esto ha desembocado en altos déficits fiscales. Cabe resaltar que la mitad de estos déficits están asociados al sistema previsional. Por ello no es de extrañarse que el Gobierno intente lograr una reforma previsional para procurar un respiro en las finanzas públicas. Aunque sobre esto debe comprenderse que para lograr una verdadera reforma previsional, ésta no debe limitarse solo a lo fiscal.

También persisten problemas de opacidad, como los gastos que no se registran en el presupuesto; tal es el caso de la devolución del crédito fiscal, la subvaloración del pago de la deuda previsional, o la sobreestimación de los ingresos. Lo que desencadena el uso recurrente de LETES, una deuda flotante sin mayores controles.

En síntesis, los problemas que aquejan la política fiscal son múltiples y complicados. Las lluvias son fuertes y los parches no van aguantar, en cualquier momento la casa se inundará y las consecuencias serán catastróficas. Ante esto vale la pena preguntar ¿y si nos ponemos de acuerdo para encontrar una solución integral? Una pregunta simple para democracias más avanzadas, pero compleja para un país como el nuestro, donde la visión cortoplacista y la predominancia de los intereses particulares terminan imponiéndose. Por ello, el actual embajador español Francisco Rabena acierta al plantear que El Salvador necesita unos nuevos Acuerdos de Paz, plasmados en un acuerdo o pacto fiscal.

En este nuevo acuerdo debemos ser capaces de esbozar cuál es el país que queremos y cómo lo vamos a financiar. La política fiscal es capaz de unir las diferencias para la construcción de un Estado efectivo, que se cimente en la construcción de la igualdad y un crecimiento económico sostenible. Para lograrlo no existen recetas mágicas. Por lo que se deberá recurrir al diálogo transparente y honesto entre diferentes actores de la sociedad, donde no debe haber exclusiones para que no falte nadie. En las posibilidades de alcanzar este acuerdo, nos estaremos jugando el éxito polito, económico y social del país.

Si queremos tener una sociedad diferente, debemos tener una política fiscal distinta. Contar con una política fiscal justa, sostenible y suficiente para lograr la cohesión social es la clave para dejar de vivir en la barbarie y potenciar un verdadero desarrollo; uno donde no sobre nadie.

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