El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, revelaba el miércoles pasado que en cuatro o cinco instituciones del Estado se gastan $50 millones en seguros médicos privados para altos funcionarios y empleados de esas entidades. La cifra es inmensa y refleja el tipo de derroches que el Estado no puede seguir haciendo en tiempos de vacas flacas.

¿Cómo es posible que se gaste tanto en seguros privados? Los contribuyentes estamos pagando por eso y también por las cotizaciones de un Seguro Social que frecuentemente tiene limitaciones en equipos y medicamentos y ni qué decir de nuestros paupérrimos hospitales nacionales, donde escasean medicinas esenciales.

Los privilegios que tienen algunos empleados del Estado son aún mayores que los que puede tener la más próspera de las empresas privadas del país, así que no es posible que en tiempos de esta crisis fiscal tan severa que tiene el Estado, se siga gastando en asuntos prescindibles, suntuarios.

Los seguros médicos no solo lo tienen en la Corte Suprema de Justicia o en la Asamblea Legislativa, también hay varios organismos, autónomas y entidades del Ejecutivo que cuentan con esos beneficios y hay que ser conscientes en esta situación.

Ese dinero podría ir a parar a dotar de medicinas los hospitales públicos y del Seguro Social o para otras necesidades urgentes que tiene el país.

Por doloroso que sea, el Estado también debe plantearse el  recorte de plazas. La economía está en momentos difíciles y muchas empresas privadas han tenido que hacer esos recortes y otros sacrificios duros, pero no se comprende cómo es que la Asamblea ha triplicado el costo de sus plazas en una década, o que hay miles de nuevos empleados en instituciones del Ejecutivo, aparte del área de Seguridad donde sí son requeridos por la situación que vivimos. No se puede seguir tolerando el derroche en medio de tantas necesidades.