Editorial & Opinion

A 40 años del golpe...

Roberto Burgos Viale / Abogado

lunes 14, octubre 2019 - 12:00 am

Buena parte de la historia nacional estuvo marcada durante todo el siglo pasado por sucesivos golpes de Estado. Para aspirar a la presidencia de la república, no se necesitaban estudios universitarios, se requería contar con el sable de oficial que otorga la escuela militar a sus graduados, símbolo de grado y de mando, no de vocación para amplios consensos.

Pero el último golpe de Estado de aquella centuria se diferenció claramente de los que le antecedieron.

No solo fue una asonada militar que le arrebató el mando a una generación para dárselo a otra, fue un verdadero proyecto para cambiar el rumbo del país, superar el autoritarismo y reorganizar la economía con base a una distribución más equitativa de la riqueza y, en particular, de la propiedad agrícola, así como hacer efectiva la libertad sindical y garantizar el respeto de todos los derechos humanos.

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Todo esto pasaba por resolver en forma inmediata asuntos tan espinosos como el de los detenidos desaparecidos, los abusos de los cuerpos de seguridad, el secuestro de empresarios y las tomas de tierras y de fábricas que, a lo largo de ese año, venían sumándose a las medidas de hecho asumidas por diversos actores sociales, dentro o fuera de la ley.

Lograr objetivos tan ambiciosos requirió de diagnósticos sobre la situación nacional, de valentía para involucrarse en una rebelión armada que podía fracasar y conducir a los civiles y militares involucrados a la cárcel o a un paredón de fusilamiento, o al menos al exilio, como ya era tradición luego de alzamientos y asonadas anteriores.


Pese a los riesgos y a la inmensidad de los retos asumidos, la mañana del 15 de octubre de 1979 el movimiento identificado con la “juventud militar” tomó el control de la Primera Brigada de Infantería y, luego del resto de instalaciones militares del gobierno, deponiendo en forma pacífica al general Carlos Humberto Romero, que había llegado al poder bajo la bandera del PCN y luego de un fraude electoral que dio paso a un régimen de violencia y represión, así como al accionar de una incipiente guerrilla.

La proclama que dio vida a este movimiento cívico militar es una muestra de claridad y coherencia con la realidad de entonces. Señala cuatro justificaciones que lamentablemente no han perdido del todo su vigencia y que condujeron entonces a deponer al gobierno de Romero: la violación de los derechos humanos del conglomerado, el fomento y tolerancia de la corrupción estatal, el desastre económico y social y, finalmente, el desprestigio en que había caído el país y la Fuerza Armada.

El golpe dio los resultados inmediatos que los jóvenes oficiales y empresarios a cargo de llevarlo a la práctica buscaban: deponer al gobierno, enviar a retiro a jefes militares involucrados en actos de corrupción y violación de derechos humanos, disolver al grupo paramilitar conocido como ORDEN y congelar las transferencias de tierras mientras se decidía la reforma agraria que se iba a impulsar, basada originalmente en la expropiación de tierras ociosas propiedad del Estado, no de particulares.

Lamentablemente, la misma inexperiencia política de los jóvenes oficiales, la ingenuidad con que cedieron al juego de las jerarquías y la existencia de fanatismos de izquierda y derecha, que veían en el inminente enfrentamiento armado la única solución legítima a las contradicciones de la sociedad salvadoreña, dieron al traste con un proyecto de país que podría haber evitado la guerra civil que durante doce años desangraría al país.

La asonada militar de 1979 contó con respaldo diplomático y de la Iglesia Católica, así como de las universidades y de un grupo de académicos, empresarios y actores sociales que representaban en aquella época lo mejor de la política, la inteligencia y la cultura nacional, una generación que asumió como un proyecto personal la solución de las necesidades de las mayorías y la construcción de un país justo y democrático.

Las mismas extremas que se negaron entonces a apoyar el proyecto fueron las que durante años se negaron a dialogar para poner fin al conflicto militar y fueron las mismas que, luego de turnarse en el ejercicio de la presidencia, dejaron una secuela de actos de arbitrariedad y corrupción que sigue impactando la dinámica política y social.

Hace 40 años, se perdió la oportunidad de corregir el rumbo, de estar a la altura de las expectativas ciudadanas. Hace cuarenta años naufragó un proyecto que pudo dar más de sí y hacer de este un país para todos.




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