Editorial & Opinion

A 75 años del decreto de los Tres Poderes

Roberto Burgos Viale / Abogado

jueves 4, julio 2019 - 12:00 am

Se cumplen 75 años de un consenso histórico en nuestro país: derrocado el General Maximiliano Hernández Martínez tras la huelga general de aquel año, su sucesor el también General Andrés Ignacio Menéndez, pese a que impulsó una amnistía para todos los presos políticos, no había sido capaz de conducir al país hacia la estabilidad que sectores mayoritarios demandaban; de hecho, se mantenía la crisis de gobernabilidad ante la falta de aceptación popular de este aparente nuevo orden y por la continuidad de funcionarios de la administración de Hernández Martínez en el resto de órganos de estado. Además, los abusos contra la población, que caracterizaron al régimen depuesto continuaron.

Reunidos en la Casa Presidencial de entonces, representantes de la Fuerza Armada, la Asamblea Legislativa, miembros del Gabinete de Gobierno, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como representantes de los sectores académico y profesional del país, discutieron acaloradamente durante una asamblea celebrada el 4 de julio de 1944, sobre la necesidad de construir un nuevo orden jurídico e institucional que le diera estabilidad y calma al país, un nuevo comienzo tras 12 años de dictadura que además de gobernar por decretos, había hecho al país objeto de la crítica internacional, por sus constantes abusos a los derechos humanos y la gran cantidad de exiliados dispersos en todo la región. Según la opinión de testigos autorizados (https://elmundo.sv/el-decreto-de-los-tres-poderes/) los militares rechazaban la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente, por considerar “que ello amenazaría con cambios muy desfavorables para la Institución Armada” y los sectores civiles se negaban a reconocer legitimidad a las reformas constitucionales emprendidas por Hernández Martínez, ya que éstas fueron las que le dieron origen a las Constituciones de 1939 y 1944, que le habilitaron para reelegirse en el poder, aún en contra de la opinión de sus más cercanos colaboradores.

En medio de este debate, surgió la iniciativa a cargo del Dr. Fortín Magaña, de formalizar un acuerdo entre los principales órganos de estado para devolverle su vigencia a la que había sido la última Constitución legítima del país: la aprobada en 1886 y que entre otras novedades había establecido el juicio de Amparo para la protección de los derechos individuales. Este acuerdo nacional ha sido conocido desde entonces como el “Decreto de los Tres Poderes”, fue promulgado una semana después de haberse alcanzado públicamente y aunque su constitucionalidad ha sido cuestionada desde entonces, constituye un ejemplo de la capacidad de consenso que a lo largo de la historia ha tenido el país en favor de la gobernabilidad y la estabilidad democrática, aun en medio de las crisis -o probablemente debido a la gravedad de éstas- pero es indudable que ha existido una “vocación fundacional” cuando tras largos períodos de violencia se requiere actuar con responsabilidad privilegiando el bienestar colectivo sobre el individual.

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Mucha de esta inspiración democrática se evidenció durante el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, no fue posible materializar un segundo gran consenso de posguerra a pesar de los esfuerzos diplomáticos desde la ONU hace poco más de un año. En la actualidad, se requiere implementar formas innovadoras de comunicación política y de diálogo que hagan factibles la construcción de acuerdos nacionales a largo plazo, ya que los grandes problemas estructurales de la nación no pueden corregirse en cinco años que dura el período presidencial, o solventarse en forma unilateral por la fuerza política a cargo del gobierno, sin la colaboración de las fuerzas de oposición y sin metas concretas para el país que se quiere y se puede construir. Consensos y acuerdos nacionales, voluntad de diálogo y vocación para la paz y la estabilidad, con una adecuada dosis de participación ciudadana y transparencia institucional, son los pasos que pueden conducir al país a igualar la voluntad que se hizo patente hace 75 años.




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