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A juicio los imputados en el caso Cuscatlán

Redacción web / DEM

miércoles 20, marzo 2019 - 5:43 pm

El Juzgado Especializado de Instrucción “A” ordenó juicio contra los imputados del caso de la operación Cuscatlán. A partir de unos días el caso será de conocimiento de una curia especializada de sentencia, para que se defina la situación jurídica de los implicados en los delitos de organizaciones terroristas y lavado de dinero y activos.

La Fiscalía General de la República (FGR) se retiró no complacida porque la prueba ofertada durante la diligencia fue aceptada casi en su totalidad, además, presentará recurso de apelación por el sobreseimiento de dos imputados, a quienes el testigo no pudo relacionar durante los reconocimientos. Por el resto, la togada encontró suficientes pruebas para continuaren la siguiente etapa, es decir, un juicio a los imputados.

Los imputados son: Mayra Jackeline Alas de Flores y su hija, Jackeline Merari Rivas Alas, de quienes fueron beneficiadas con sendos sobreseimientos provisionales; mientras que Irma Lorena Rodríguez Amaya, dueña de los establecimientos “La Concha Loca” y “El Garrobo Feliz” se le ordenó pasar a juicio por los delitos antes expuestos.

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Según las investigaciones, la imputada desde 2004 tenía negocios con pandilleros. Ellos le dieron en un inicio la cantidad de $10.000, producto de las ventas de droga, armas y extorsiones. Los acusados le dijeron a la involucrada que el 70% de la ganancia sería para la estructura, mientras que el 30 restante para la dueña de los locales; años más tarde se le entregaron otros diez mil dólares y para 2009, 23 mil más. Al momento de la captura, ella era dueña de varios locales de comida, billares, bares y hasta un comedor en Sierra Morena, Soyapango, San Salvador.

Según la FGR no se ha logrado justificar ciertos ingresos, además que el testigo la relacionó con las reuniones que tuvieron. Existe abundante prueba, por lo tanto el caso, en contra de ella, pasa juicio.


Al respecto de la situación de Melva Rosibel Gómez Martínez, fue sobreseída definitivamente por el ilícito de organizaciones terroristas, pero pasó a juicio por lavado de dinero y activos. Aparentemente ella era la “testaferro” de la estructura. Desde hace unos años que se dedicaba al transporte en pequeño, de materiales de construcción, y desde 2015 que lo hace para empresas grandes; por eso la administradora de justicia la envió a vista pública. Sobre José Ernesto Vielman Hernández, se le dejó libre de cargos de forma provisional por organizaciones terroristas, mas no así por el lavado de dinero, ya que, según el testigo, se encargaba de llevarle las cuentas al palabrero de la “clica”.

Con respecto a Jackeline Victoria Mejía de Campos pasó a juicio por los dos delitos. Se trata de la dueña del restaurante “El Mundialito” y se admitió toda la prueba contra ella. Ella también recibió dinero fraudulento para mejorar su establecimiento.

Para Juan Antonio Navarrete Flores se realizará otra audiencia próximamente ya que no tenía abogado que lo representara. En el caso de Florinda Recinos de Blommartte, quien era la presidenta de una cooperativa de la ruta 29 (ACASEVI) y cuya hija también tenía una relación sentimental con un cabecilla de la estructura. Además, se notó una proliferación en varios negocios, en donde lavaban el dinero proveniente de acciones ilícitas.

La FGR informó que en el caso de la cooperativista compararon un microbús para el transporte público, el cual costó casi los $40 mil. La imputada no pudo comprobar el origen de más de $146 mil dólares.

Por último, Salvador Alexander Mejía quedó libre de cargos provisionalmente. Él era solo procesado por organizaciones terroristas y gozaba de medidas alternativas a la detención provisional. Existió una insuficiencia de pruebas en su contra y, por lo tanto, quedó en libertad, sin embargo, se aplicará el efecto suspensivo y hasta que la Cámara Especializada no dé a conocer una nueva resolución, en la que confirma o no, lo actuado por la jueza se mantendrá la situación jurídica de los implicados hasta que se defina por el ente superior.

Todos esos negocios progresaban, supuestamente, por el dinero proveniente de las extorsiones. El monto asciende a un aproximado de dos millones de dólares.

En el año 2005 los pandilleros comenzaron a tener un incremento de dinero y para poderlo “blanquear” decidieron colocarlo en el mercado a través de invertir en negocios establecidos. Esta estructura es parte del brazo financiero de una pandilla, identificada solo por dos letras. Los rubros que se aprovechaban fueron el transporte colectivo, restaurantes y otros esparcimientos como el billar y bares. Presuntamente exigían ganancias completas, más el 75% y el 25% restante era para el dueño del negocio.

En torno al mismo caso, el Juzgado Especializado de Instrucción “B” lleva la parte más voluminosa del caso. Se trata de alrededor de 500 imputados, quienes guardan prisión en diferentes centros penitenciarios, pero debido a situaciones de agenda con el personal de transmisiones por Internet, para las video conferencias, se reprogramó para una fecha por determinar para mayo próximo.




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