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Editorial & Opinion

¿A quiénes representan?

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 15, noviembre 2018 - 12:00 am

De acuerdo con la Constitución Política, en El Salvador, los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno, es decir, existen para representar los intereses de las personas en el ámbito público. Es por eso que, en tiempo de campaña electoral, todos los partidos políticos se especializan en demostrar que conocen los problemas de nuestra sociedad y que tienen un compromiso legítimo con la búsqueda de las mejores soluciones para resolverlos. Pero pareciera que a la hora que los partidos políticos ostentan el poder y tienen la capacidad de diseñar políticas públicas, éstas no son diseñadas para garantizar el bienestar de la ciudadanía que les otorgó su voto, más bien parecen responder a intereses de sectores particulares.

Esta desvinculación con los intereses de la ciudadanía puede explicarse por la forma en la que se financian los partidos políticos y la falta de mecanismos de control sobre la misma. De acuerdo con el Centro de Monitoreo Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, que la semana pasada presentó su tercer informe sobre el sistema de financiamiento de la política, para 2017, el 53 % del financiamiento de los partidos políticos provino de fuentes privadas. Dicho financiamiento, más allá de deber ser registrado por los partidos, no es sujeto de  fiscalización, lo que provoca que existan diferencias sustanciales entre lo que los partidos reportan al Ministerio de Hacienda y lo que reportan en otras instancias. Además, no existe ninguna obligatoriedad de rendir cuentas sobre  el uso de esos recursos, lo que genera una alta vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en la política pública.  Por ejemplo, el mismo informe señala que dentro de los principales financistas de los partidos políticos se encuentran: el sector comercio, las actividades inmobiliarias, la agroindustria, las industrias alimentaria, farmacéutica y textil e, incluso, las zonas francas.

Algunos de estos sectores son beneficiarios de privilegios fiscales, es decir que tienen el privilegio de no pagar impuestos, pero destinan recursos a financiar partidos políticos, cuyos representantes, al ostentar el poder público, son los responsables de decidir quiénes pagan o no impuestos en el país. Vale la pena mencionar que dichos aportes, además, son deducibles del pago del impuesto sobre la renta. En el informe en cuestión también se destaca que dentro del financiamiento privado de los partidos los empleados y funcionarios públicos, son la segunda mayor fuente de financiamiento, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los procesos de contrataciones públicas al clientelismo político.

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Si bien el mecanismo de financiamiento privado es completamente legal, es imposible evitar asociar el flujo de financiamiento con el tipo de políticas públicas impulsadas por los partidos. En un contexto como el salvadoreño, en el que no existen mecanismos de control, donde no es posible asegurar el origen lícito de los fondos, mucho menos garantizar que este financiamiento no es un mecanismo para influir y manipular los procesos de toma de decisión de los funcionarios, es muy fácil que aplique el dicho: quien paga el mariachi, pide las canciones, y se pierda así el carácter representativo de nuestra democracia.

La existencia de los partidos políticos es necesaria, es requisito para que el Estado democrático contemplado en nuestra Constitución funcione, y  estos partidos, a la vez, requieren de financiamiento para funcionar. Pero es indispensable que los mecanismos de financiamiento funcionen de manera transparente y que sean sujetos de control, para evitar que la fortaleza y el objetivo de los partidos políticos no dependan de la capacidad financiera o del apetito de sus donantes, sino de la congruencia de sus propuestas y de qué tanto éstas se acercan a las necesidades de la población. Solo así, los partidos se convertirán en el vehículo para la participación igualitaria de todas las personas en los procesos de toma de decisión; solo así los intereses de todas las personas, y no solo de grupos particulares, estarán representados en la vida pública del país.





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