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Nacionales

Acuerdan que Tribunal 2do de Sentencia no conozca caso contra Luis Martínez y otros imputados

Redacción web / DEM

viernes 7, diciembre 2018 - 5:15 pm

La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro resolvió la excusa presentada por los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, contra los procesados Héctor Francisco Grimaldi Membreño, Luis Ernesto Peña Ortiz, Julio Adalberto Arriaza Gonzáles y Luis Antonio Martínez González, acusados de fraude procesal, actos arbitrarios y omisión de investigación.

Los juzgadores se excusaron ante dicha Cámara de conocer este proceso para salvaguardar la imparcialidad del Tribunal, debido a que el procesado Grimaldi Membreño se desempeñó por 13 años como empleado de dicho Tribunal.

“Ha lugar” la excusa planteada por los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, para inhibirse de continuar con el conocimiento del proceso penal que se tramita en contra de los imputados…”, dijo la Cámara.

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En sus argumentos la máxima autoridad argumenta en su resolución: “En línea de garantizar un proceso justo con arreglo a las garantías constitucionales y procesales, así como del acceso de los imputados a la jurisdicción imparcial e independiente, a la transparencia que debe regir la actividad judicial, así como a razones de ética y justicia, se admitirá la excusa formulada por los jueces… del Tribunal Segundo de Sentencia de esta ciudad, y se separarán del conocimiento del presente proceso”.

En los próximos días será la Oficina Distribuidora de Procesos la encargada de designar al Tribunal que conocerá dicha causa.


Al exfiscal, se le atribuyen los delitos de omisión a la investigación y revelación de hechos actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, delitos presuntamente cometidos durante su gestión entre los años 2012-2015.

Julio Arriaza, por actos arbitrarios, y los abogados Luis Peña y Héctor Grimaldi, por fraude procesal.

El ministerio público los acusa de conformar una supuesta red de funcionarios dentro y fuera de la fiscalía para afectar a tres víctimas que fueron acusadas en diferentes juzgados valiéndose presuntamente de prueba falsa, específicamente con la elaboración de peritajes psicológicos falsos con el objetivo de favorecer a otras personas, entre esos al empresario Enrique Rais.




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