Editorial & Opinion

Amnistía y acuerdos para el desarrollo

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

jueves 23, mayo 2019 - 12:00 am

Es extraña la premura, una vez más, de un sector parlamentario por aprobar una nueva Ley de Amnistía. El 23 de enero de 1992, en virtud de los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reconciliación Nacional que amnistiaba a quienes antes del 1 de enero de 1992 hubieren participado en la comisión de delitos políticos comunes y en delitos comunes cometidos por no menos de 20 personas. No obstante, excluía los que según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, “cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”.

La comisión presentó su informe “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador” el 15 de marzo de 1993 y cinco días después, el 20 de marzo, la Asamblea aprobó con 47 votos (Arena, PCN y MAC), fuera del contexto de los Acuerdos de Paz y sin el acompañamiento de Naciones Unidas, la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”; muy distante de la legítima Ley de Reconciliación Nacional debidamente consensuada en el espíritu del acuerdo que puso fin al conflicto armado.

Después de 23 años, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional, declaró inconstitucional esa ignominiosa ley, determinando con precisión los parámetros para una nueva regulación que aún no ve la luz. El debate actual coincide con el vigente y doloroso clamor por la herida abierta en el sentimiento de sobrevivientes y  familiares de las víctimas de aquel conflicto, que hasta hoy siguen demandando responsabilidad, justicia, reivindicación y reparación por los horrendos hechos ocurridos durante aquel álgido periodo y, sobre todo, conocer la verdad, deduciendo responsabilidades sobre aquellos trágicos acontecimientos.

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Imponer una política de perdón y olvido es imposible. Las referencias latinoamericanas de conflictos similares como Argentina, Chile, Uruguay y Colombia demuestran que aun 50 años después, los sobrevivientes y descendientes de las víctimas -como el caso de las Madres de Plaza de Mayo-, continúan su lucha con más energía y fuerza exigiendo verdad, responsabilidad,  justicia y reparación. Por lo que cualquier nueva regulación requiere que estos sectores sean escuchados.

La parte militar del conflicto terminó hace 27 años con el Acuerdo de Paz, pero es hasta este último gobierno que excombatientes del FMLN y desmovilizados de la Fuerza Armada reciben señales institucionales de atención a sus demandas. Está pendiente el duro y complejo proceso de esclarecimiento de responsabilidades sobre las múltiples masacres, así como la identificación de las víctimas de aquellos dolorosos crímenes -algunos considerados de lesa humanidad-, como el caso del proceso abierto en la Audiencia Española por el magnicidio de los sacerdotes jesuitas, la reapertura del caso del asesinato de nuestro Santo Romero, entre otros.


Hasta hoy, nuestra sociedad cuenta con dos amplios sectores: las generaciones que vivieron y padecieron los efectos de aquel conflicto armado, conservando algún nivel de referencia, conocimiento y conciencia de aquel periodo; y toda una nueva generación que por las debilidades institucionales no tiene idea de aquellos complicados pasajes de nuestra historia. Transcurridos 27 años muchos de los actuales problemas son remanentes de las causas estructurales económicas y sociales -sin solución- que generaron aquel conflicto, ya sea por la insuficiencia del alcance de los Acuerdos de Paz, por el grado de cumplimiento, o por falta de acuerdos en la continuidad de transformaciones.

La suscripción este 14 de mayo, por todos los dirigentes de los institutos políticos con representación legislativa, de la “Agenda Interpartidaria para la Nación” es un paso más en los mecanismos de diálogo para alcanzar los tan necesarios acuerdos de segunda generación, con efectos de corto, mediano y largo plazo. Este instrumento surge de la iniciativa del presidente Sánchez Cerén, con la mediación y acompañamiento durante dos años de Naciones Unidas, un grupo de notales, más de 69 delegados de partidos políticos, así como expertos nacionales e internacionales; y cuyo contenido es coincidente con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 de ONU.

Tanto este documento, como el mecanismo de acompañamiento de Naciones Unidas, pueden ser una sólida plataforma para el entendimiento nacional en múltiples áreas, en el contexto de un diálogo constructivo con todas las fuerzas que respaldan la iniciativa. Claro, esto supone una actitud racional, constructiva y abierta de todos los sectores, incluyendo al nuevo gobernante, quien deberá superar la soberbia y arrogancia, dejando de lado la confrontación y campaña electoral adelantada y asumiendo con mesura la responsabilidad de gobernar, porque nadie por sí solo pude resolver los problemas del país.




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