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Apoderada de Astaldi es acusada por la FGR de evadir $9 millones

Juan Carlos Vásquez

miércoles 9, enero 2019 - 12:01 am

Astaldi abandonó la obra de la presa El Chaparral en 2012, luego del arreglo con CEL. / DEM

La apoderada general judicial y administrativa de Astaldi sociedad por Acciones (SPA) sucursal El Salvador,  Ana Lucía Alfaro Alvarado, no compareció ni envió su abogado para ser notificada del proceso penal que la Fiscalía le ha iniciado en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, por el delito evasión de impuestos.

Esta causa está relacionada al caso Chaparral, donde son procesados el expresidente Mauricio Funes, el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como “Mecafé” y otros cuatro imputados.

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La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República, dice que Alfaro Alvarado, como responsable de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la sociedad Astaldi S.P.A., sucursal El Salvador, evadió el pago del impuesto sobre la renta, en el año 2012, por un monto de $9,088,029.77.

Según el Ministerio Púbico, las pesquisas iniciaron tras un aviso interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, alertando que la imputada había evadido el pago del impuesto sobre la renta presentando información falsa.


Se señala que el 5 de noviembre de 2013, declaró sin consignar la totalidad de los ingresos gravados obtenidos por Astaldi S.P.A., sumando a eso, consignó costos y gastos que no son deducibles del impuesto sobre la renta.

La sucursal en El Salvador de Astaldi S.P.A., obtuvo ingresos por $23,500,000 producto de la suscripción del acuerdo para arreglo directo de las controversias bajo el contrato para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, el 11 de julio de 2012, ingresos que constituyen renta obtenida durante el ejercicio impositivo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La renta se generó debido a que fueron obtenidos como parte del arreglo para no promover la iniciación de un arbitraje por la cantidad de $52.3 millones; sin embargo, dichos ingresos no fueron declarados en Dirección General de Impuestos Internos.




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