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Economía

App Uber enfrenta presiones jurídicas en todo el mundo

AFP

lunes 4, febrero 2019 - 12:00 am

La plataforma de Uber, con sede en San Francisco, ofrece sus servicios en 600 ciudades alrededor del mundo./ DEM

La plataforma de reserva de vehículos con conductor (VTC) Uber, demandada ante la justicia regularmente y odiada por los taxis, se ve obligada a respetar las reglas de las ciudades en las que opera, o a retirarse del sector, como sucedió en Barcelona el jueves de la semana pasada.

En Cataluña, Uber tiró la toalla frente a la aprobación el jueves de una ley que restringe la actividad de los VTC en la región, particularmente porque obliga a contratar los servicios de estas plataformas con 15 minutos de antelación -prorrogables a una hora en Barcelona- e impide a aplicaciones como Uber y Cabify usar la geolocalización de sus vehículos.

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Bulgaria fue uno de los primeros países en prohibir totalmente Uber en julio de 2015, por decisión de la Comisión de Protección de la Competencia, alegando especialmente que cometían “competencia desleal”.

Hungría fue abandonada por Uber en julio de 2016, tras una ley que permitía bloquear técnicamente los servicios de Internet de cualquier “proveedor de servicios de taxi que no tenga un centro de llamadas”, como es el caso de este servicio.


En Dinamarca, la actividad de los VTC es ilegal: una ley aprobada en febrero de 2017 requiere que los conductores privados estén equipados con un taxímetro y sensores de ocupación del asiento para activar las bolsas de aire, condiciones consideradas como “demasiado costosas” para Uber, que terminó descartando este país en 2017. Uber también abandonó completamente el Territorio del Norte en Australia aunque opera en Melbourne y Sídney.

 

Prohibición parcial

En Alemania, el servicio Uber está disponible únicamente en las ciudades de Munich y Berlín, en el resto del país todos los conductores de Uber están obligados a comprar licencias comerciales oficiales, tal como dispuso una decisión judicial.

Lo mismo ocurre en el estado de Oregon, noroeste de Estados Unidos, donde Uber está autorizado a ejercer solamente en la capital, Portland. En Italia, en Francia, en Finlandia y en Holanda, han prohibido en los últimos años el servicio UberPop, el cual contacta a los usuarios con conductores no profesionales que emplean su vehículo personal. Alegan entre otros motivos razones de seguridad.

No obstante, varios países y regiones han adoptado medidas de regulación para otorgarle un marco legal al ejercicio de estos servicios de VTC, como fijar una antigüedad máxima del vehículo, la obligación de contar con una licencia, un número limitado de horas trabajadas o incluso un impuesto sobre cada una de las carreras.

Este es el caso en México o en Portugal, que aprobaron en julio de 2018 la implementación de un impuesto  del 5% sobre la comisión de intermediación impuesta por empresas como Uber.

Uber también estuvo prohibido un tiempo en varias ciudades de Estados Unidos, como Austin y Houston, antes que el estado de Texas anulara estas disposiciones consideradas como excesivas.

El servicio también fue prohibido en Nueva Delhi, después de que una pasajera fuera violada en 2014.

 

Bajo supervisión

En Londres, la autoridad de transportes de Londres (TfL) retiró la licencia a Uber, pero obtuvo en junio de 2018 una autorización para continuar trabajando durante 15 meses emitida por el tribunal de Westminster.

En Nueva York, las nuevas licencias para los VTC están suspendidas desde agosto de 2018 para la ciudad y por un año, que es el tiempo necesario para que la autoridad de supervisión de vehículos con conductores realice un estudio de impacto.

En Italia, el servicio de Uber está prohibido en todo el país tras una decisión del tribunal de Roma en abril de 2017 por “competencia desleal”, un fallo que fue suspendido unos días más tarde a la espera de una apelación.

En Bruselas, Uber fue declarada ilegal a principios de enero pero continúa operando gracias a la decisión tomada unos días más tarde por un tribunal que indicó que la empresa se apegaba al marco legal de la capital belga.




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