Política

Asamblea refuerza las agravantes y sube penas a desapariciones forzadas

Gerson Chávez

jueves 21, noviembre 2019 - 12:02 am

Las reformas al Código Penal fueron aprobadas en la sesión plenaria de ayer. / Óscar Machón

La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 68 votos tres reformas al Código Penal para agravar y elevar las penas carcelarias contra quienes desaparecen personas valiéndose de su cargo o de su autoridad para ordenar este tipo de hechos.

Uno de los artículos reformados fue el 129 numeral nueve, que establecía que era homicidio agravado la desaparición del cuerpo después de cometido el crimen y la pena carcelaria oscilaba entre 30 y 40 años de prisión.

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Con la reforma, la Asamblea Legislativa mantiene esa pena carcelaria y amplía el delito de homicidio agravado a personas que hagan “uso de cualquier artificio a efecto de dificultar el descubrimiento del hecho, tales como destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación”.

El artículo 364 también fue reformado, subiendo las penas a un rango entre 15 y 25 años de prisión cuando la desaparición forzada sea cometida por un funcionario, empleado público o agente de autoridad; e incluye la inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo término.


Previo a la reforma, la pena de prisión era de cuatro a ocho años de prisión; y también contemplaba la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

También, se reformó el artículo 365 para elevar las penas a un rango entre 15 y 25 años de prisión cuando la desaparición sea cometida por una persona particular en cumplimiento de una orden de un funcionario, empleado o agente de autoridad. Previo a la reforma, ese artículo solo sancionaba esa modalidad de desaparición con penas de tres a seis años de cárcel.

 

Arena pide registro de desaparecidos

El diputado Rodrigo Ávila, de Arena, sostuvo que la Asamblea Legislativa todavía está en deuda porque no ha logrado aprobar la creación de un registro nacional de personas desaparecidas.

La discusión del registro de desaparecidos estaba en manos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa pero quedó entrampada por discordias entre Arena y FMLN.

Arena pedía que el registro incluyera a personas desaparecidas por la situación de delincuencia cometida por los grupos de pandillas y el crimen organizado más las desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

En cambio, el FMLN planteaba que el registro debía separar las víctimas de desaparición forzada perpetrada por las pandillas y las que ocurrieron en el conflicto armado.




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