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Política

Así respondieron los candidatos al Instituto de Acceso a Información Pública

Yolanda Magaña

jueves 10, enero 2019 - 6:49 pm

Catorce candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fueron cuestionados la mañana de este jueves en un conversatorio organizado por la Universidad Autónoma de Santa Ana y la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y llevado a cabo en el auditorio del Centro Cultural Legislativo.

La mayoría destacó la importancia de darle más recursos al IAIP y de proteger los datos personales, otros destacaron la lucha contra la corrupción, algunos candidatos explicaron algunas vinculaciones con partidos o candidatos presidenciales y una candidata justificó la sanción que, en 2017, recibió del IAIP como oficial de información de una de las instituciones públicas.

Otros candidatos como Xenia Hernández se pronunciaron contra los límites que puso la Sala de lo Constitucional a la información pública.

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Los candidatos ofrecieron no solo repartir la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) por todo el país, también una aspirante sugirió publicar ediciones en braille, capacitar a los oficiales de información y comprar dispositivos tecnológicos, equipo y un edificio.

Claudia Escobar, una de las candidatas, opinó que los entes obligados pueden acudir a la Sala de lo Contencioso para enfrentar órdenes del IAIP, un mecanismo que han utilizado las instituciones públicas para frenar la entrega de información pública.


Jaymee Magaña, otra candidata, reveló que ella revertiría una resolución del IAIP que ordenó entregar información de los planos del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Uno a uno, los candidatos eligieron preguntas en sobres cerrados. Foto: Diego García.

 

Candidatas propuestas por el sector de periodistas:

Julia Dalila Arriaza, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que ella trabajaría en la medida que se le permita trabajar en el derecho de acceso a la información pública.

La pregunta que recibió fue: ¿qué estrategia tendría para mejorar los plazos del IAIP? Sugirió mejorar el presupuesto. “Hay poco personal, conozco a varios de ellos, que quieren hacer las cosas con más prontitud y no lo logran, habría que hacer un esfuerzo por relacionarse con las instituciones adecuadas, de tal manera que aunque se vea utópico se pueda lograr un mejor presupuesto, se aumente el número de jurídicos y asesores”, afirmó.

Alicia Elena Miranda Duke, jefa de estudios e investigación en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en donde trabaja desde junio de 2015, con los comisionados de la primera generación.

Miranda dijo que está “absolutamente consciente en términos de no dar un paso atrás” en el derecho al acceso a la información pública. Miranda mencionó la importancia de la garantía de la protección de datos personales –“Es un derecho desconocido, no solo de los ciudadanos sino de los entes obligados”– y sugirió fortalecer la institución como la unidad jurídica. “Es una unidad pequeña que está enfrentando cierta crisis porque la demanda y la presión sobre cuatro, cinco personas es bastante marcada. Eso no se resuelve solo con incrementar número de plazas, ciertamente ayudaría, pero lo primero es identificar dónde están los cuellos de botella que impiden agilizar los casos”, dijo. Detalló que la unidad jurídica hace funciones administrativas como hacer contratos; y habló de un nuevo modelo de evaluación de los entes obligados.

A la pregunta sobre el espacio de participación que generaría en el IAIP, Miranda respondió que hay herramientas para garantizar la participación en las tomas de decisiones como “Legisla”, que permite que la normativa sea comentada; y consideró abrir consultas ciudadanas.

Cecilia Morales de Pérez, licenciada en comunicación social y relacionista pública para Válvulas y Equipos, S.A.

Dijo que trabajaría por los salvadoreños. “No puedo llegar a un puesto público pensando en qué me va a beneficiar a mí. La ley es una de las mejores a nivel latinoamericano pero lo que necesitamos es mejores funcionarios públicos. A eso me comprometo”, expresó. Elogió a los cinco comisionados actuales por su apertura y dijo que “las alcaldías son las instituciones del Estado que menos cumplen la ley”. Le pidieron mencionar resoluciones del IAIP que han contribuido al desarrollo del derecho de acceso a la información pública o de protección de datos personales.

 

Candidatos propuestos por el sector de sindicatos:

Gilberto Canjura Velásquez, gerente legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), recibió la siguiente pregunta: ¿con qué instituciones privadas y estatales propondría que el IAIP haga alianzas estratégicas?.

Canjura respondió que hay que fortalecer a 262 municipios y prosiguió diciendo que la ANDA tiene relación con la Cámara Salvadoreña para la Construcción (Casalco) en la construcción de infraestructura y dijo que hay que trabajar de una manera “más articulada”. Luego, expresó: “El Estado debe saber qué tipo de construcción, qué tipo de materiales están utilizando, qué personas que administran los contratos realmente son idóneas y no son vulnerables”.

En las preguntas del público, Canjura fue cuestionado por la impugnación contra su candidatura debido a vínculos pasados con el FMLN. “Presentaron un documento donde decía que soy un exmilitante, es decir que el documento hablaba de mi exmilitancia. Yo llené todos los requisitos que la ley exige, anexé la constancia del TSE en donde ahí aparece que yo no tengo afiliación política. De estos hechos de militancia hablan de hace 15 años”, aseguró.

Entre sus propuestas, mencionó una ley primaria que proteja los datos personales.

 

Claudia Liduvina Escobar Campos, colaboradora jurídica de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, propuso formar “al sector organizado”, mejorar el control del uso de los recursos del Estado y regular el uso de los datos personales en las empresas privadas. “Debemos apostarle a lo mediático, apostarle a una cultura de transparencia… Debemos tener iniciativas de ley, el tema de la protección de los datos personales de las entidades privadas”, sugirió.

Escobar opinó que los entes obligados de la ley de acceso a la información –las instituciones públicas– pueden acudir a la Sala de lo Contencioso y ante cualquier sala, un mecanismo que han utilizado las instituciones para frenar la entrega de información que ha sido ordenada por el IAIP. “Tanto la ciudadanía que se siente afectada por no tener el acceso a la información, también el ente obligado puede acudir, es decir, los recursos le corresponden a cualquier ciudadano, puede recurrir ante cualquiera de las salas”, fueron sus palabras.

Ante el conflicto de información entre un trabajador y la contraloría social, Escobar no quiso definir cuál prevalece sobre otro y dijo que “sería de analizar cada caso en particular”.

 

Wendy Karina Funes de Serafín, abogada y notaria, coordinadora de trámite del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), ofreció garantizar que el IAIP emita actos legales aplicando la Ley de Procedimientos Administrativos y continuar las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, como Prointegridad; y prometió fortalecer la unidad de cumplimiento para que remita casos a instituciones que luchan contra la corrupción y aliarse con instituciones que combaten la corrupción como Fiscalía, Corte de Cuentas y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Ante la pregunta sobre las reformas que haría a la Ley de Acceso a la Información Pública, respondió que la ley ha sido catalogada como una de las mejores leyes, sin embargo, sugirió reformarla en las sanciones sobre los datos personales y propondría una ley especial. “Considero susceptible de reforma el tema de los entes obligados. Pueden haber entes que ahorita no están regulados, que tienen información que tal vez no manejan fondos públicos pero que influyen en el país”, mencionando partidos y federaciones.

 

Jayme Jannice Magaña Centeno, oficial de información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y de las cinco empresas que CEPA administra, aseguró que es necesario aumentar el presupuesto del IAIP. Magaña admitió que recibió una multa del IAIP aunque lo justificó, argumentando que se debió a un atraso de siete horas en la entrega de información pública.

La pregunta para Magaña fue cuál precedente del IAIP debería cambiarse. Ella respondió que cambiaría una resolución del IAIP de 2017 que ordenó entrega de información pública sobre el aeropuerto y cuyo caso se estudia en la Sala de lo Constitucional. “Entregar estos planos y volverlos aunque sea versión pública implica poner en riesgo a los pasajeros y la seguridad pública”, dijo.

 

Candidatos del sector de los profesionales

Rodrigo Barahona, expresidente de la Corte de Cuentas propuesto por GANA, fue cuestionado por su participación en las campañas de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. “Bueno, definitivamente creo que las campañas presidenciales son una fiesta cívica en la cual todos los ciudadanos estamos invitados a participar. Creo que cualquier ciudadano está en la obligación de escuchar diferentes planes de gobierno, poder asistir a los debates, así como han venido hoy todas las personas, a mí siempre me han interesado las campañas electorales porque creo que se define el futuro de un país cada cinco años, nunca he estado afiliado a ningún partido político”, contestó.

Al inicio de su presentación, ofreció: identificar causas de la gestión del IAIP, compra de dispositivos tecnológicos enmarcados en la cuarta revolución industrial, divulgar la ley, convenios con universidades para vigilar el buen uso de los recursos del Estado, creación de oficinas regionales del IAIP, pedir apoyo financiero para asistencia técnica, equipos informáticos y un edificio para el IAIP.

Barahona fue preguntado sobre la protección de datos personales, aseguró que es necesario balancearlo con el bien común, pero señaló que algunos casos, como los viajes de Mauricio Funes, tenían datos personales.

Barahona fue presidente de la Corte de Cuentas del 24 de noviembre de 2016 al 30 de julio de 2017. En junio de 2017 era impulsado por GANA para su reelección. Fue durante su gestión, el 17 de junio de 2017, que la CCR exoneró en el manejo de fondos de la organización de la esposa del dirigente de GANA Guillermo Gallegos.

 

Alba Lisseth Benítez Trujillo, licenciada en enfermería y máster en servicios de salud, leyó toda su intervención inicial, en donde dijo que las resoluciones del IAIP sobre las declaraciones patrimoniales y viajes ha contribuido al combate a la corrupción y luego habló del derecho a la información de los expedientes clínicos. Prosiguió así: “Me comprometo en resaltar, como electa a comisionado del IAIP, velar por el derecho de los ciudadanos en la protección de los datos personales, otro elemento importante es el compromiso que adquiriré en impulsar y buscar protagonismo de las asociaciones prácticamente para que ejerzan su derecho de acceso a la información que igualmente está dormida limitarse a proponer candidatos sino que sean partícipes y que tengan un actuar prácticamente de autocuido”.

¿Cómo acercaría los servicios del IAIP a la población del interior del país?, fue la pregunta del moderador para Benítez. “Formar equipos, trabajar con las municipalidades”, contestó. También sugirió publicar ediciones en braille de la ley.

 

José Alirio Cornejo, licenciado en economía y consultor para proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG), opinó que El Salvador “ha avanzado mucho en lo político, en lo democrático, con este avanza de la izquierda ha hecho progresar a este país”, dijo. Sugirió divulgar la ley de acceso a la información y cuestionó que el Ministerio de Defensa no entregó información pública.

A Cornejo le preguntaron si son necesarios nuevos entes obligados para la Ley de Acceso a la Información Pública. Le respondieron que hay que conocer quiénes son los dueños de las organizaciones no gubernamentales que manejan recursos públicos y los recursos de organismos internacionales que “se les cambia destino”, mencionó también la Universidad de El Salvador. “Creo que al Instituto, a mí, no sé, le falta trabajar más”, concluyó.

 

Xenia Hernández Castro, abogada, asesora técnica en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés), sugirió mejorar la gestión de archivos, ya que muchas veces en eso se basa la inexistencia de información, un plan de trabajo para la custodia de la información reservada, dar a conocer el manual del IAIP para la protección de datos personales y un plan de trabajo para la cultura de transparencia.

Hernández respondió que los nuevos criterios de la Sala de lo Constitucional para no dar trámite a solicitudes de acceso a la información generaron “un impacto negativo” e implicó un retroceso en el acceso a la información público.

A partir de estos criterios, señaló, varias instituciones están argumentando que no entregarán información porque ya no está el titular de la oficina pública. Uno de los criterios que impuso la Sala de lo Constitucional para negar información es la generación de información pasada.

 

Ruth Eleonora López Alfaro, máster el derecho electoral, abogada, asesora del ISSS, propuso trabajar por cambiar las restricciones al acceso a la información pública, manteniendo los criterios que el IAIP ha tenido sobre el tema, alianzas estratégicas con Fiscalía para cobrar las multas e impulsar el derecho de acceso a la información pública en la currícula educativa y en el conocimiento de la ley. “No podemos retroceder en el derecho al acceso a información”, dijo.

Sobre la gestión en archivo documental, respondió que hay que dar cursos de capacitación, generando alianzas con las universidades. “Es necesario profundizar más con los servidores públicos. Si damos criterios claros a los servidores públicos, esta labor ha quedado en manos de los oficiales de información”, dijo.

 

José Mauricio Quiñónez, ingeniero electricista y gerente general de Proyectos y Suministros Electromecánicos, elogió al IAIP y dijo que la ciudadanía no se ha dado cuenta del potencial de la ley. Propuso divulgar la ley, fomentar la educación desde la parvularia y mejorar la capacitación de los oficiales de información.

Quiñónez respondió que su compromiso es “cumplir la ley” a la pregunta de cuál será el principal reto del IAIP con la ley de procedimientos administrativos. Miguel Ángel Rodríguez dice que “no hay que saturar a las instituciones”.

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias, ingeniero agrónomo, coordinador de logística de la Unión de Exportadores, S.A. de C.V., prometió tener una actuación en apego a la ley, hacer revisión del plan estratégico del IAIP y “hacer ajustes que sean necesarios”, así como reformar la ley “en beneficio de la ciudadanía”. No detalló qué reformas gestionaría.




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