Editorial & Opinion

¿Autoridades fuertes y mano dura?

Dr. Rodolfo González / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador

viernes 31, enero 2020 - 12:00 am

Decir Estado es decir una forma de organización política dotada de un conjunto de instituciones con capacidad de aplicar la legalidad vigente, sin distingos de ninguna clase, a todas las personas que se encuentren en su territorio. Administración pública, Policía, Ministerio público, Fuerza Armada u Órgano Judicial, tienen encomendadas tareas importantes al respecto. Y esto no es un asunto fáctico, sino de trascendencia jurídica, pues está conectado con la democracia y el Estado de Derecho.

En otras palabras: incluso si de facto existen en el territorio grupos que detentan más poder económico, religioso, mediático o militar que el del Estado, en la medida en que aquel no deriva del voto popular, conforme a los cauces democráticos, será un poder susceptible de que se le califique como ilegítimo y las instituciones estatales tendrán siempre la facultad de someter a sus titulares para obligarlos al cumplimiento de las leyes emanadas de las autoridades legítimas.

Nuestra Constitución declara que El Salvador es un Estado soberano, y ello implica que tiene reconocida, en la normativa jurídica máxima, una plena capacidad para aplicar las leyes en todo el territorio, con las únicas excepciones derivadas del Derecho diplomático. Sin embargo, fenómenos como el desplazamiento forzado interno o el reparto de los territorios que por años han hecho las pandillas para extorsionar a la población residente en ellos, desdice esa función elemental que tienen atribuidos los poderes públicos. Y no digamos la gravedad de las presuntas negociaciones de políticos con grupos al margen de la ley, en las que se habrían adquirido compromisos de renunciar al ejercicio de las legítimas potestades de persecución de los delitos.

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El último estudio de opinión pública realizado por la Universidad Centroamericana refleja que un alto porcentaje de la población está a favor de que las autoridades gobiernen con mano dura, y con la idea de que el país funciona mejor cuando hay autoridades fuertes. Mal harían los funcionarios si interpretan tales opiniones como un endoso al populismo penal del que se ha hecho gala en las últimas décadas o a las violaciones a los derechos fundamentales que hemos sufrido en nuestra historia reciente.

Más bien, una lectura democrática de esos resultados indicará que la población exige un Estado eficaz, pero también racional; que apruebe leyes proporcionales; que no incurra en desviación de poder de las potestades públicas conferidas a los funcionarios, para terminarlas poniendo al servicio de intereses particulares; que sea eficiente, en el sentido de producir resultados beneficiosos y tangibles para los ciudadanos, lo cual al final de cuentas se traduce en una mejora de su calidad de vida. En suma, una situación de pleno cumplimiento de las leyes, sin tolerar prácticas de corrupción; sin despilfarro de los escasos recursos públicos; sin consentir el establecimiento de ciudadanos de primera o de segunda categoría, dependiendo de quién esté mejor “conectado” con los funcionarios de turno.


Asimismo, sería equivocado pensar que el control territorial demandado se reduce a la faceta punitiva del Estado. Las obligaciones de este también implican hacer efectivas la salud, educación y protección del medio ambiente constitucionalmente proclamados; que se generen condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades educativas, de formación y laborales; que nadie tenga temor sobre su futuro al estar aseguradas unas pensiones justas y dignas.

Control territorial no significa un Estado policía, del cual la población tenga miedo; mucho menos unas autoridades que violen el debido proceso legal. Más bien caracteriza a un Estado que despliega sus potestades en la medida estrictamente necesaria, haciendo cumplir la ley cuando se produzcan situaciones de ineficacia de las mismas. En suma, al pleno cumplimiento del Estado de Derecho. El World Justice Project considera que el Estado de Derecho “reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias y combate la pobreza; y es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz, además que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales”.

Estado eficaz significa cumplimiento efectivo de las leyes, no solo en sus aspectos punitivos o sancionadores, sino también en el aseguramiento de los derechos fundamentales, individuales, sociales y políticos de todos los ciudadanos.




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