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Nacionales

Cámara liberó a sujeto que confesó lavado de $31,700

Juan Carlos Vásquez

jueves 14, marzo 2019 - 12:01 am

El Tribunal dijo el año pasado que el condenado no tiene arraigos que garanticen se someta al proceso. / DEM

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ordenó la libertad del pandillero Melquisedec Alexander Medrano Sánchez, quien en diciembre de 2018 fue condenado a tres años por el delito de casos especiales de lavado de dinero, mediante un procedimiento abreviado.

El integrante de la Mara Salvatrucha negoció con la Fiscalía General de la  República confesar el delito a cambio de su libertad, ya que por haber recibido la pena mínima de tres años quedaría libre, pero el juez de la causa resolvió que debía cumplir la condena en prisión.

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El juzgados en su fallo expresó que “no se tiene claro la posibilidad que Medrano cumpla un reemplazo de la pena, bajo la tutela del juez de Vigilancia Penitenciaria, porque no se tiene registro de lugar de vivienda, ni de actividad económica, por lo cual se vuelve difícil darle un reemplazo de la pena”.

Con ese fundamento le negó la solicitud de reemplazo de la pena acordada con la Fiscalía y quedó en prisión, pero el abogado defensor Miguel Flores Durel apeló y las magistradas reformaron parcialmente la pena y se la reemplazaron por jornadas de trabajo de utilidad pública, que realizará en el lugar y forma que indique un juzgado de vigilancia penitenciaria.


La Cámara en su resolución dijo que la motivación del juez respecto a  negar el reemplazo de la pena no está apegada a derecho.

Al autoincriminarse en el juicio, el pandillero dijo que el 22 de mayo del 2018, cuando pasaba por la comunidad 22 de abril, de Soyapango, unos policías lo capturaron y le decomisaron $31,700 y les dijo que ese dinero no era de su propiedad, sino que de su cuñado que estaba preso.

 

El juicio

 

14/12/2018

En un procedimiento abreviado, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Medrano Sánchez a tres años por casos especiales de lavado.

 

05/03/2019

La Cámara Segunda de lo Penal reemplazó la pena de tres años por jornadas de trabajo de utilidad pública que le impondrá un juzgado de vigilancia penitenciaria.




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