La canciller venezolana tilda de injerencista la petición de elecciones y liberación de presos políticos. / DEM

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez calificó ayer como “injerencista” el comunicado que emitieron ocho países de América Latina donde apoyan las exigencias de la oposición venezolana y hacen referencia a las declaraciones del Papa Francisco sobre la crisis en el país, en el gobierno de Nicolás Maduro.

“Gobiernos signatarios de comunicado injerencista siguen cometiendo grave error de quebrantar el Derecho Internacional y alentar el golpismo”, escribió Rodríguez en su cuenta oficial de la red social Twitter.

“Cada comunicado en apoyo a factores opositores en Venezuela alienta el golpismo y la violencia, y pretende desconocer al gobierno legítimo”, señaló.

En el documento, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil ratificaron lo expresado por el Papa Francisco, quien llamó el pasado sábado a mediar “con condiciones claras” para dar solución a la situación política en la nación caribeña.

Los gobiernos latinoamericanos acuñaron como “garantías necesarias” para resolver la situación política “el cese de los actos de violencia, vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) y la definición de un cronograma electoral”.

El comunicado en favor  del restablecimiento del orden democrático y en conta del Gobierno de Nicolás Maduro también ha sido acuerpado por Argentina.

Ayer, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez dijo que  la canciller de Argentina le había informado que no podría participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) programada hoy en el país.

El Gobierno venezolano ha acusado a sus opositores de promover la violencia que ha causado estas muertes;varias de ellas en manifestaciones oficialistas u opositoras, provocadas por civiles armados.

La oposición, por su lado, responsabiliza a los paramilitares armados por el Gobierno venezolano de provocar las muertes, incluso de personas que no participaban en las protestas.