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Política

Candidatos a magistrados con denuncias en la PDDH

Gerson Chávez

miércoles 18, julio 2018 - 12:03 am

Ocho candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) registran denuncias en investigación o en trámite en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Otro candidato tiene una denuncia, archivada.

Así lo revela documentación entregada a Diario El Mundo por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la PDDH, correspondiente al periodo del 1 de enero del 2000 al 31 de mayo de 2018.

La candidata a magistrada  y procuradora General de la República, Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, registra una denuncia en la PDDH en fase de “trámite de solicitud de revisión de resolución final”.

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El 6 de diciembre de 2012, Cortez de Madriz, fue denunciada porque presuntamente vulneró el derecho a la seguridad social y al trabajo en la institución que dirige.

La PDDH ya resolvió sobre el caso, pero la funcionaria presentó una solicitud de revisión que a la fecha de la entrega de este informe no se había resuelto, por lo tanto, el expediente del caso no fue entregado.


Este informe, sin embargo, difiere con el realizado por la Subcomisión Política, en cuyo anexo, con fecha junio, Cortez de Madriz no refleja ninguna denuncia en alguna institución. La funcionaria aparece en la lista de candidatos que respaldan ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC. Si ese apoyo se mantiene, tendría 82 votos.

La candidata a magistrada y jueza tercero de familia de San Salvador, Olinda Morena Vásquez Pérez, tiene cuatro denuncias desde 2011 hasta el 2017: tres en fase de investigación y una con investigación finalizada. En el informe de la Subcomisión Política, Vásquez Pérez solo tiene dos expedientes en trámite.

Vásquez Pérez tendría el respaldo de ARENA, GANA, PDC y el diputado no partidario para convertirse en magistrada de la CSJ.

El candidato a la CSJ, Rogelio Canales Chávez, en su calidad de director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), tiene tres denuncias en el periodo 2014 a 2017. Una denuncia interpuesta el 3 de diciembre de 2014 por una supuesta violación el derecho al trabajo y al debido proceso administrativo se encuentra en trámite de revisión de resolución final. En 2017 tiene dos denuncias, una archivada por presunta vulneración al derecho a petición y otra en investigación por presunta violación al derecho al trabajo.

El dato también difiere del informe de la Subcomisión Política, en donde Canales aparece solo con un expediente en trámite en la PDDH. Es candidato apoyado en las listas de FMLN y PDC.

El informe entregado por la PDDH indica que el juez de sentencia de La Unión, José Cristóbal Reyes Sánchez, tiene una denuncia archivada de 2015 y un proceso “en investigación” del 7 de octubre de 2017 por vulneración supuestamente al derecho a debido proceso judicial. En el informe de la Subcomisión Política, solo aparece un proceso en trámite en la PDDH. Reyes Sánchez es apoyado por ARENA y GANA.

La juez y candidata Maritza Venancia Zapata Cañas tiene una investigación concluida, aunque no archivada, al igual que David Omar Molina Zepeda como jefe de la Sección de Investigación Profesional de la CSJ.  Tanto Zapata Cañas como Molina Zepeda aparecen limpios totalmente en el informe de la Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa. Ambos candidatos están en los listados de FMLN y GANA.

También, en el informe de la PDDH, aparece el juez de Familia de San Vicente, Alex David Marroquín, con una denuncia archivada por supuesta vulneración al derecho a un debido proceso judicial. El caso fue desestimado por falta de indicios suficientes para continuar una investigación. Marroquín es respaldado por ARENA, PCN, PDC y el diputado no partidario. El caso tampoco aparece en el informe de la Subcomisión.

 

Asamblea no reporta

Pese a que en el informe de la Subcomisión de la Asamblea Legislativa, el candidato Roberto Calderón Escobar, juez de vigilancia penitenciaria, no posee denuncias, la PDDH sí reporta tres: una del 15 de mayo de 2013 porque supuestamente vulneró el “derecho de la mujer a la protección de su integridad y derecho de acceso a la justicia”, en investigación. La PDDH no entregó el expediente.

Los otros dos procesos “en investigación” datan de 2014 y 2015, por la presunta vulneración al derecho de petición y a la libertad personal.




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