Política

Casi 400 funcionarios no declaran a Probidad: CSJ

Yolanda Magaña

jueves 10, octubre 2019 - 12:04 am

Un total de 391 funcionarios no habían declarado sus bienes a la Sección de Probidad, hasta el 11 de septiembre pasado, incumpliendo los plazos legales que les obligan a entregar sus declaraciones 60 días después de toma o cese de funciones, de acuerdo a un informe que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó al observatorio ciudadano de la organización Acción Ciudadana (AC).

En total, quienes no habían rendido cuentas de sus bienes son 283 personas que concluyeron funciones en el quinquenio de Salvador Sánchez Cerén, 51 que iniciaron funciones en el órgano ejecutivo de Nayib Bukele, 44 diputados de la legislatura 2015-2018 y 13 de la legislatura 2018-2021.

La gran mayoría de infractores han ocupado cargos medios.

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Entre los funcionarios del gobierno de Sánchez Cerén, están la exministra de Trabajo, Sandra Guevara; el excanciller Carlos Castaneda, el viceministro de Obras Públicas, Emilio Ventura, el viceministro de Educación, Francisco Humberto Castaneda; y la viceministra de Comercio, Merlin Barrera. Sin embargo, la mayoría de funcionarios que no han presentado la declaración ocupan cargos medios.

 


Solo 38 multas

El informe de la organización AC percibe que existe un bajo nivel de procedimientos sancionatorios condenatorios a empleados y funcionarios que no han presentado a tiempo sus declaraciones patrimoniales. La CSJ realizó 287 procesos sancionatorios condenatorios, de los cuales 38 concluyeron en multas que oscilaron entre $50 y $550 a funcionarios o empleados de instituciones del Gobierno Central o instituciones autónomas: seis fueron aplicadas funcionarios del Ministerio de Salud.

También ha aplicado multas a 88 miembros de concejos municipales, 93 síndicos y 1 regidor suplente.

Un total de 45 empleados o funcionarios del Órgano Judicial han sido sancionados con multas entre $75 y $200, de los cuales 21 son secretarios judiciales, cinco oficiales mayores, 18 jueces y un magistrado de cámara. De los procedimientos sancionatorios, la CSJ tiene pendiente de resolver 613 casos.

Critican la ley

El monto de las sanciones hace pensar a los integrantes de la organización AC que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos promueve que no haya una motivación para que se declaren los bienes. “Estos datos reflejan que siguen siendo insuficientes, hay un incentivo perverso a no cumplir con la ley, de lo contrario, no tendríamos tantos funcionarios a quienes parece no importarles cumplir con sus obligaciones. Ese incentivo perverso es el tipo de sanciones que tiene nuestra normativa, aplicar sanciones que van desde los $50 hasta los $500 es una invitación a no presentar”, afirmó el presidente de la AC, Humberto Sáenz. Sugirió que los sancionados tampoco puedan acceder a cargos públicos.

El diputado Juan José Martel, del Cambio Democrático (CD), reconoció que no ha declarado sus bienes y aseguró que va a pensar si presentará o no la declaración patrimonial, ya que considera que son métodos obsoletos que no combaten la corrupción, sino al contrario, “contribuyen a la impunidad”. “Que me pongan la multa, es una falta, que me pongan la multa”, respondió el funcionario a una periodista.




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