Cuando recibió el actual Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén el hacinamiento carcelario en los centros penales era superior al 400 % y dentro de las 59 bartolinas policiales que tienen una capacidad para 1,500 reos existían más de 5,000  entre detención provisional y condenados, lo que equivale a más del 300 % de capacidad, pertenecen al crimen organizado, pandilleros y personas acusadas de cometer delitos menores que representan un aproximado de 2,200 personas.

Para cuidar a los más de cinco mil reos en bartolinas policiales se tenían empeñados un aproximado de un mil agentes policiales que se requieren, por ejemplo, en tareas de seguridad pública, brindando seguridad y protección a los ciudadanos, hasta que se emite una sentencia por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, 119-2014 AC, de fecha 27 de mayo del 2016, condenando el hacinamiento carcelario por medio de un Hábeas Corpus e indicando instrucciones a diferentes instituciones del Estado para erradicarlo.

El Gobierno por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad y sus dependencias, Centros Penales y PNC, han cumplido dicha sentencia en dos áreas fundamentales: disminución de hacinamiento en los centros penitenciarios del país, disminuyendo al cierre del año 2018 a 150 %, lo cual es bajo, el promedio de América Latina es de 159 %; además, se espera cerrar en mayo del 2019 con un porcentaje mínimo de 130 %  y se generan otras condiciones de apoyo por medio del Órgano Judicial podría disminuir un mayor porcentaje.

En  segundo lugar en cumplimiento al que me refiero es sobre el tratamiento de problemas salud en la población privada de libertad en especial tuberculosis, desnutrición y enfermedades de la piel, han sido atendidas y superada la emergencia.

Durante los últimos días del año 2018 se genera otro hecho inédito en el sistema penitenciario, y es el traslado de 2,500 privados de libertad a centros penitenciarios, como parte del decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de diciembre del 2018, con lo cual, se reduce el hacinamiento en bartolinas policiales al 50 % que se encuentran en dichas sedes, y por lo tanto 500 agentes policiales serán reasignados a apoyar las tareas de seguridad pública y reforzar otras unidades en todo el país, con esta disposición se cumple la sentencia por parte del ejecutivo.

Los  privados de libertad trasladados a centros penitenciarios, además, ya cuentan con el diagnóstico respectivo  por su nivel de peligrosidad, lo que permitirá al Consejo Criminológico Nacional, regional y local tomar las consideraciones oportunas para el tratamiento respectivo.

El sistema penitenciario ha sido revolucionado, y permitido una verdadera transformación, para establecer las bases de un primer modelo penitenciario: humano, digno, con respeto a los derechos constitucionales y derechos humanos, erradicando la descarada corrupción que existía, la inseguridad, y sobre todo quitando el mando de control y comunicaciones a las pandillas; además existe una obra física en al menos once proyectos nuevos de infraestructura moderna y con tecnología de punta.

¿Pero cuál es la importancia de esta transformación?  Una muy evidente, es que los centros penitenciarios tienen 40-45 % del total de privados de libertad con pertenencias a estructuras de pandillas, y el sistema corrupto anterior les permitía operar con libertad e impunidad encontrándose detenidos.

Al tener el control Centros Penales permite una supervisión e inspección efectiva.  Una segunda aplicación es para las personas incorporadas al “Programa Yo Cambio” que les está permitiendo rehabilitarse, y prepararse para cuando cumpla su condena, y evitar reincidencia.

El desafío para el Estado salvadoreño es mantener, mejorar y fortalecer el nuevo modelo penitenciario, continuar el proceso de erradicación del hacinamiento carcelario, y la reinserción de los rehabilitados en el sistema. Una tarea difícil que implica trabajar con toda la sociedad.