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Nacionales

Condena a Charlaix por enriquecimiento ilícito

Yessica Espinoza

viernes 5, enero 2018 - 12:03 am

Un total de $17,983,893. 06 es el monto que tendrán que devolver al Estado salvadoreño el exsecretario de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix Urquilla, y su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, luego de que la Cámara Primera de lo Civil los condenara por enriquecimiento ilícito.

Los magistrados aseveraron que Charlaix no presentó ninguna prueba para justificar el incremento patrimonial de $17,809,967.31 que según la Fiscalía General de la República obtuvo ilegalmente de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial (Capres) durante el mandato de Saca (2004-2009).

Ambos magistrados  tildaron de “inaceptable e inexplicable” que los fondos públicos hayan sido depositados en cuentas personales de Charlaix.

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Los abogados defensores de los demandados sostuvieron, en la audiencia probatoria, que las trasferencias de dinero que se hicieron desde Capres a cuentas particulares de Charlaix estaban sustentadas en un reglamento interno que Saca junto a Charlaix crearon para el manejo de los fondos públicos desde el inicio de la gestión presidencial. Según la FGR, la Ley Orgánica de la Administración Financiera y su reglamento establecen que cada institución debe crear una Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público para recibir el presupuesto asignado cada año y luego transferirlos a dos únicas cuentas bancarias: la cuenta “Remuneraciones” y la de “Bienes y Servicios”.

Saca y Charlaix fueron en contra de la ley y crearon otro reglamento que les permitió hacer transferencias a otras cuentas, según el Ministerio Público. En el fallo, los magistrados confirmaron lo dicho por la Fiscalía: el reglamento usado como prueba por los demandados es ilegal. “El reglamento emitido por el expresidente Elías Antonio Saca, con el que se pretende justificar tales transferencias, no fue publicado en el Diario Oficial (…) sin ese requisito el cuerpo normativo (el reglamento) carece de aplicabilidad y es ineficaz para tomarlo como justa causa de los ingresos del demandado”, argumentaron.


Los defensores también sostuvieron que la FGR le estaba haciendo un doble juzgamiento a Charlaix por pedir responsabilidad civil también en el proceso penal, donde es acusado de lavado de dinero y peculado. No obstante, la Cámara resolvió que ambos procesos son distintos y que en el  proceso penal no es acusado de enriquecimiento ilícito.

Otro de los argumentos de la defensa fue la prescripción del delito. Según la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la FGR tiene 10 años, contados a partir de que un funcionario deja el cargo, para demandarlo. “No han transcurrido los diez años siguientes en que el demandado haya cesado en el cargo de secretario privado”, sostuvieron los jueces.

¿Qué argumentaron los magistrados?

 

Reglamento ilegal

Señalaron que el reglamento que creó el expresidente Saca y Charlaix para el manejo de fondos públicos nunca fue publicado en el Diario Oficial, y por ello es ilegal.

 

Sin prescripción

La defensa dijo que el tiempo para demandar venció en el 2016. La Cámara dijo que no porque el exsecretario dejó el cargo
en el 2009.

 

No hay doble juzgamiento

La defensa sostuvo un doble juzgamiento, porque la FGR pide responsabilidad civil en el proceso penal. Los magistrados dijeron que son diferentes.




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