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Nacionales

Confirman muerte de la agente Carla Ayala

Juan Carlos Vásquez

martes 5, junio 2018 - 12:04 am

La agente Carla Mayarí Ayala Palacios murió casi de inmediato, luego de recibir el disparo de Juan Josué Castillo Arévalo, de indicativo “Samurai”, esa es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía General de la República.

“Samurai” utilizó su pistola Smith & Wesson, propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC) y que tenía asignada desde antes de llegar al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) para asestarle el balazo, cuyo proyectil impactó la zona de la cara y cráneo.

La Fiscalía y Policía en su análisis determinan que  las heridas producidas por un proyectil en esa área son consideradas como lesiones mortales por los daños a órganos vitales, que lleva a una muerte instantánea, tras un período de agonía con sangramiento y que necesita de una asistencia médica inmediata en un tiempo máximo de 30 a 60 minutos, intervalo conocido como “hora de oro”.

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De ahí que el Ministerio Público señala que los agentes, Wilfredo Deras y Ovidio Antonio Pacheco, tuvieron en sus manos la posibilidad de auxiliar a Carla Ayala, pero no lo hicieron. “Invisibilizaron a la víctima, no le dieron la atención oportuna, llegan al GRP y todavía no se le da una atención debida”, sostuvo la fiscal Guadalupe de Echeverría, jefa de la Unidad Antipandillas y de Investigación de homicidios.

A partir de ese actuar, ayer fueron acusados en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador por comisión por omisión de feminicidio agravado, junto a Víctor David Castillo Campos, pariente de “Samurai”, en calidad de cómplice no necesario, mientras que Castillo Arévalo, será procesado como reo ausente pero en calidad de autor directo de feminicidio agravado.


En el caso de Castillo Campos, se informó que tenía el teléfono de la agente Carla Ayala. Al aparato mediante análisis realizados se le detectó manchas de sangre de la víctima, dicho teléfono incautado el 6 de abril de 2018, pasó por al menos cuatro personas después del 29 de diciembre.

Según de Echeverría,  cuando se hizo la inspección del carro patrulla se encontró abundantes cantidades de macha de sangre y se encuentra el proyectil disparado del arma de “Samurai”, el cual tenía cabello enrollado y sangre.

“El médico forense establece que a través de todas esas conductas, difícilmente esta persona sobrevivió, más aun que todavía la raptaran hacia el sector de Usulután que hubo un recorrido aproximadamente de dos horas, difícilmente establece su dictamen médico pericial que esta persona haya sobrevivido a este hecho. En ese sentido, nos orientamos nosotros a este dictamen médico forense y tenemos por establecida la muerte de esta persona”, dice la fiscal.

Otros vinculados

Además de los cuatro agentes que ya estaban detenidos, la Fiscalía General de la República ordenó capturar a otros seis policías y tres particulares por los delitos de feminicidio agravado, incumplimiento de deberes y encubrimiento; entre los principales detenidos figura el subcomisionado Julio César Flores Castro, exjefe del extinto GRP.

Se ordenó detener al inspector Pablo Antonio Estrada Villalobos, quien la noche y madrugada de los hechos estaba de oficial de servicio, pero no fue localizado y es prófugo.

En cuanto a los particulares, además de Castillo Campos, fueron capturados Edgardo Alfonso Chavarría Castillo, alias “Jolota”, y Edwin Isaac Esquivel Chávez, por encubrimiento, ya que junto al exagente de la PNC de Ahuachapán, Carlos Alberto Flores Hernández, detenido en Estados Unidos, ayudaron a “Samurai” para salir de San Salvador rumbo a San Francisco Javier, Usulután, el 29 de diciembre de 2017,  a las 6:40 de la tarde, luego de dispararle y desaparecer el cuerpo de Carla Ayala.

Entre los capturados también están los agentes del extinto GRP, Alex Obdulio López Martínez y  Salvador Enrique Chávez, por incumplimiento de deberes.

Ayer, la Fiscalía señaló que pedirá la incompetencia del Juzgado Sexto de Instrucción para que el caso pase al Juzgado Especializado de la Mujer,  donde se conocerá dicha fase de instrucción; a su vez, los fiscales explicaron que la ley los obliga a pedir que el caso sea reservado de forma total, en función de la víctima y sus familiares.




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