Editorial & Opinion

Conmemorar con acciones no con discursos

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 16, enero 2020 - 12:00 am

Nací en un país en guerra, pero crecí en un país intentando construir la paz. No tengo recuerdos propios de la guerra, pero los relatos familiares, las marcas de balas en la infraestructura de mi casa y la muerte de mi papá me han permitido reconocer como parte de mi historia una guerra que provocó más de 75,000 muertes, miles de personas desaparecidas y otras miles más que fueron desplazadas u obligadas a emigrar. Tampoco tengo recuerdos del 16 de enero de 1992, pero sé que los Acuerdos de Paz fueron el último acuerdo político de gran envergadura de nuestro país. También soy consciente que con la firma de los Acuerdos, se cumplió con el objetivo de poner fin al enfrentamiento armado y sentar las bases para la construcción de un Estado democrático, y si bien este era un paso indispensable, no era, ni ha sido suficiente para que a 28 años de su firma, hayamos sido capaces de construir una paz verdadera. Como país aún tenemos la tarea pendiente de conocer nuestro pasado y aprender de nuestra historia, para evitar su repetición en el futuro.

La justicia transicional es una de las grandes deudas pendientes para la construcción de la paz. A pesar de existir numerosas denuncias de los crímenes cometidos por la guerrilla y las fuerzas armadas, a la fecha, las responsabilidades judicializadas y condenadas han sido marginales. El Estado salvadoreño ha estado más comprometido con garantizar la impunidad de los criminales de guerra, que con la obligación de llevar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Si bien los Acuerdos de Paz representan un punto de inflexión en nuestra historia, omitimos que estos no fueron diseñados para resolver las causas estructurales que provocaron la guerra. Aunque los propios Acuerdos reconocen el desarrollo económico y social como requisitos para la vida democrática y pacífica de la sociedad salvadoreña, no se abordaron las reformas necesarias, por lo que hasta la fecha seguimos teniendo estructuras económicas y sociales, basadas en la exclusión y la injusticia, diseñadas para reproducir la pobreza y la desigualdad, que a su vez han provocado fenómenos como la migración y la violencia. Por si fuera poco, ante este escenario nos hemos empeñado en debilitar cada vez más el rol del Estado dentro de la vida en sociedad. La construcción de la paz requiere contar con un Estado fuerte que implemente políticas públicas  que permitan garantizar los derechos de sus habitantes (salud, educación, empleo digno, seguridad, vivienda, medio ambiente sano) y ofrecerles oportunidades para desarrollarse y tener una vida digna y plena, especialmente a los grupos poblacionales más vulnerables como la niñez, las mujeres, la población rural y las personas adultas mayores.

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La conmemoración de la paz debe ir más allá de los actos protocolarios y de los discursos solemnes, y debe concretarse en políticas públicas que abonen a la construcción de la paz. En los últimos años ha habido intentos, apoyados por la comunidad internacional, para alcanzar unos nuevos acuerdos de paz que permitan lograr compromisos para enfrentar los actuales desafíos políticos, económicos y sociales de nuestro país. Estos esfuerzos no se concretaron, en buena medida, por los altos niveles de polarización y falta de interés de las dos grandes fuerzas políticas de ese momento. Sin embargo, el escenario político ahora es diferente, con un Ejecutivo que goza de altos niveles de popularidad y que cuenta con la legitimidad de poder convocar y liderar procesos participativos y transparentes para la construcción de una agenda de país, ahora ya no para acabar con la guerra, sino para evitarla, erradicando la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. Por ello, una de las mejores formas en las que el gobierno del presidente Bukele puede conmemorar la paz sería cumpliendo una de las promesas de campaña contenida en el Plan Cuscatlán: la construcción de un acuerdo fiscal integral, que permita rescatar el rol del Estado como garante de los derechos de las personas, para que de una vez por todas construyamos un país con justicia social y bienestar para todas y todos.




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