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Política

Consultas en privado por ley contra lavado de dinero

Edgardo Rivera

sábado 6, abril 2019 - 12:03 am

Comisión de Seguridad se reunió con varias instituciones por ley contra lavado. / Asamblea

La Comisión de Seguridad avanzó ayer en el estudio de la nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero, en una reunión privada con sectores del sector justicia, financiero y empresarial.

El anteproyecto de ley, presentado el 31 de octubre de 2018 por el exfiscal Douglas Meléndez, eleva las penas mínimas de ocho a 15 años, renombra la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a Unidad de Análisis Financiero (UAF) y se actualiza en nuevas tecnologías usadas para lavar dinero.

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“La actual ley ya ha sido superada por la delincuencia y esos vacíos tienen que ser superados con esta actualización”, dijo el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, presidente de la Comisión.

Ayer, a puerta cerrada, los diputados se reunieron con representantes de la Fiscalía, de Justicia y Seguridad, Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), instituciones financieras y del sector justicia para obtener insumos. “Nos interesa que al verdadero lavador se le aplique todo el peso de la ley en delitos de lavado; esto incluye corrupción, enriquecimiento ilícito, incluye actos de terrorismo”, dijo Javier Argueta, asesor jurídico de ANEP.


El nuevo proyecto contempla crear el Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), un ente consultivo que podrá dar recomendaciones en el combate del lavado.

Según los legisladores, la ley permitirá que se investigue a todos los sujetos obligados. “En todo el articulado es para el sistema financiero. Hoy sí obliga a los sujetos, que hoy solo están enunciados, a que cumplan”, dijo Almendariz. Javier Valdez, diputado del FMLN, criticó que el proyecto que presentó Meléndez no tenía aportes de la Policía ni de Gobernación. Dijo que están escuchando diferentes posiciones y defendió que la reunión fue a puerta cerrada por lo confidencial que deben ser las estrategias contra el lavado y evitar que a quienes se les aplicará la ley las conozcan con anticipación.




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