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Política

CSJ frena 28 órdenes de acceso a información

Gerson Chávez

lunes 29, octubre 2018 - 12:03 am

Varias instituciones del Estado están recurriendo a instancias contenciosas administratativas para frenar órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de entregar información pública a los ciudadanos.

El IAIP explicó que el artículo 101 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) permite a las personas naturales a que presenten demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa para tratar de revocar las decisiones del IAIP en materia de acceso a la información pública.

Esta facultad implicaría que los ciudadanos a quienes el Estado no quiera darles la información que solicitan pueden interponer recursos ante las instancias judiciales.

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Sin embargo, según el IAIP, las instituciones públicas ignoran ese artículo de la LAIP y acuden, como que fueran particulares, a la jurisdicción contenciosa administrativa para frenar entregas de la información ordenadas por resoluciones del IAIP.

Hasta el viernes por la tarde, el IAIP reportaba que 23 demandas habían sido presentadas por instituciones públicas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De esas 23 demandas, cinco han sido presentadas por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).


Haber acudido a la Sala de lo Contencioso Administrativo le ha permitido a Bandesal, no entregar, desde 2015, informes de cumplimiento de las firmas de auditoría externa al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos para los años 2005 – 2009.

Este tipo de recursos le ha permitido a la Fiscalía General de la República (FGR) no entregar información de cuatro casos, incluidos los viajes del exfiscal general en el período 2013-2014. El fiscal general en ese período fue Luis Martínez, procesado penalmente por delitos de corrupción. La información sobre los viajes fue solicitada en 2014.

El Banco de Central de Reserva (BCR) también acudió a la Sala de lo Contencioso para no informar del paradero  y el resguardo del colón, moneda  salvadoreña que circuló antes de la Ley de Integración Monteria de 2001.

También, el Ministerio de la Defensa Nacional ha frenado, la entrega de información de la intervención militar del 19 de julio de 1972 en la Universidad de El Salvador (UES).

 

5 demandas en juzgados

A las 23 revocatorias en la Sala de lo Contencioso Administrativo se suman cinco demandas interpuestas por instituciones del Estado en los juzgados contenciosos administrativos, creados en 2017. De esos 5 casos, uno ha sido presentado por el Ministerio de la Defensa para frenar la entrega  del contrato por servicios de alimentación que adquirió desde  enero de 2012 a septiembre de 2017.

En otro proceso, la UES intenta revocar la multa al rector por la falta de nombramiento del oficial de acceso a la información pública.




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