Editorial & Opinion

¿Cuáles serán las bases de la política fiscal?

Ricardo Castaneda Ancheta / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 11, julio 2019 - 12:00 am

¿Se imaginan que llegue una persona a su casa y decida qué es lo que puede, o no, comprar con su dinero, sin que ustedes puedan participar en esa decisión? En el ámbito público así ha sido históricamente. Por ejemplo, en estos momentos ya todas las instituciones públicas se encuentran elaborando el presupuesto para 2020. Sin embargo, la ciudadanía no cuenta con espacios para participar y conocer de qué manera y cómo se asignará su dinero, ese que se transforma en impuestos y da sustento al presupuesto público. Por ello no es de extrañar que, de acuerdo al Índice de Presupuesto Abierto, El Salvador tenga una nota de 6 sobre 100 puntos en el apartado de participación ciudadana en el ciclo presupuestario. La peor nota de todos los países de América Latina. Y tampoco hay espacios para que la ciudadanía pueda participar en discusiones sobre reformas tributarias, otorgamiento de privilegios fiscales y un gran etcétera.

Hay algunas personas que de manera intencionada señalan que la definición de la política fiscal le compete únicamente al Ministerio de Hacienda, a los diputados, a los economistas, es decir, a quienes “saben” del tema.  O en el mejor de los casos, a quienes pagan impuestos. Porque han construido la narrativa de que en este país son pocas las personas que pagan impuestos. Obviando intencionalmente que cada vez que una persona compra leche, huevos, azúcar, café, gaseosa… está pagando impuestos, incluso, aunque viva en pobreza extrema.

Por ello, es muy importante que la ciudadanía tenga claridad que en la política fiscal es donde se decide el tipo de sociedad que se quiere construir. Ahí se establece quiénes pagan impuestos y en cuánto lo hacen, pero también donde se acuerda quiénes no lo hacen. Es ahí en donde también se esgrimen las prioridades de gasto público: quiénes serán los beneficiarios y quiénes no. Pero además donde se acuerdan los derechos que se van a garantizar y aquellos que no. Por lo tanto, el diseño de la política fiscal no puede ni debe obviar la participación ciudadana.

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Hasta el momento no conocemos con claridad cuál es la política fiscal que va a impulsar este Gobierno. Tampoco se tiene certeza de si se va a cumplir con lo ofrecido en el Plan Cuscatlán que, entre otros elementos, ofrecía un incremento del gasto social equivalente al 3 % del PIB, un aumento progresivo del gasto público en salud a no menos del 5 % del PIB, un subsidio universal para familias por cada hijo e hija que obtenga excelente rendimiento académico, un aumento del 3 % del Presupuesto General de la Nación a la Universidad de El Salvador y la eliminación de la partida de gastos reservados.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno prometió el establecimiento de la renta mundial para personas naturales, la incorporación de tasa global de renta, la implementación del impuesto a los flujos de efectivo, la aplicación del impuesto predial y gravamen de tierras agrícolas ociosas, la integración de la Ley General de Incentivos Fiscales para la producción y el empleo, el establecimiento de un IVA diferenciado, mayor para bienes de lujo y menor o exento para alimentos y medicinas. Además, la conversión de la deuda de corto y mediano a largo plazo, por medio de la utilización de todos los canales de financiamiento disponibles; así como el establecimiento del pacto fiscal como una política de Estado.


La Ley de Responsabilidad Fiscal establece en su artículo 9, que «el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Hacienda, dentro de los 90 días subsiguientes a la fecha en que asuma sus funciones, someterá al Consejo de Ministros, para su correspondiente aprobación, las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración, la cual deberá incluir un pronunciamiento acerca de las implicaciones que tendrá su política, sobre el Balance del SPNF (sector Público No Financiero), el cual deberá ser del conocimiento de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa».

Ojalá las bases de la política fiscal de la nueva administración no se elaboren a puerta cerrada como lo hicieron “los mismos de siempre”. Ojalá que no sea ese continuismo que ha subordinado la política fiscal al crecimiento económico, como la panacea para resolver todos los problemas. Ojalá que sea una política fiscal que permita alcanzar las metas de desarrollo, consolidar la democracia y garantizar el cumplimiento de los derechos. Ojalá sea una política fiscal que permita construir una sociedad más humana.




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