Editorial & Opinion

Daño colateral y reformas electorales

Eduardo A. Urquilla B / Exmagistrado del TSE

lunes 12, agosto 2019 - 12:00 am

La expresión “daño colateral” pertenece en su origen a la materia militar y es definida como un perjuicio material y/o personal sin intención, provocado por operaciones militares. Logró su mayor difusión durante la guerra de Vietnam, por los bombardeos indiscriminados que afectaron a la población civil vietnamita. Salvando las distancias, en la medicina es utilizada la expresión “efecto colateral”, o “efecto secundario”, que indica la “acción o efecto de un medicamento que no es el deseado”. La palabra colateral significa básicamente la consecuencia perniciosa que acompaña a un propósito principal.

En la esfera de la administración pública también existen efectos o daños colaterales. Estos son producidos por el comportamiento de funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que afectan de forma negativa a la población. Algunas veces pecamos de incrédulos, pero sí los hay. Lo que sucede es que agotamos nuestra vigilancia ciudadana, de manera general, solo al observar y comprender los actos administrativos y jurisdiccionales de origen –que me parece magnífico– pero descuidamos verificar y analizar sus resultados. En ciertos actos gubernamentales, con intención o sin intención, acontecen agravios sociales derivados de los referidos actos.

Particularmente nos interesa, que no sobrevengan daños colaterales o efectos secundarios en el actual proceso de reformas electorales. Deseamos desde su origen un buen cálculo, en donde prevalezca la racionalidad y objetividad en reconocer la problemática, acompañada de la inteligencia en identificar las medidas que pretendan fortalecer el sistema electoral. No se nos olvide ejemplos de la vida real: ante un diagnóstico equivocado de una enfermedad, lo más probable es que la salud desmejore. O frente a un buen diagnóstico, pero con la medicina equivocada, también ocurrirán funestas consecuencias. En ambos casos, el dictamen final revelaría una mala praxis. Por ello, debemos procurar que las normas legitimadoras del acceso al poder público por medio de la voluntad popular, no sean blanco de ninguna ineficiencia.

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Nuestra Constitución contiene normas y principios para construir “una sociedad más justa, esencia de la democracia” (preámbulo de la Constitución, 1983), que debe ser la pretensión inmediata de la competencia legislativa. En el tema electoral sobresalen, entre otras, las siguientes directrices constitucionales a respetar: los derechos políticos de los ciudadanos; los deberes políticos de los ciudadanos; el derecho de vigilancia de los partidos políticos en la elaboración del Registro Electoral; las características del  voto: libre, directo, igualitario y secreto; la instauración de las  circunscripciones electorales en el territorio de la República; la población, como la base del sistema electoral; el principio de representación proporcional para la elección de diputado; el principio del pluralismo del sistema político; y la asignación del TSE como máxima autoridad electoral.

Asimismo, no debemos ignorar las decisiones judiciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto son vinculantes para gobernantes y gobernados. A manera de ejemplo, están las sentencias que entronizaron en nuestro ordenamiento jurídico las listas abiertas, las candidaturas no partidarias y la igualdad de oportunidades con los partidos políticos, la ciudadanización de los organismos electorales temporales, el acceso a la información del financiamiento de los partidos políticos y candidaturas no partidarias, y el voto desde el exterior para las elecciones legislativas y municipales. Todas ellas muy importantes en nuestra vida política.


Al respecto, hemos escuchado que no existe la voluntad de revertir sentencias. No obstante, sabemos que social y jurídicamente “la jurisprudencia no reviste un carácter pétreo ya que la Sala también está autorizada para revisar sus propios criterios y modificarlos, sujetándose a la razonabilidad y motivación del cambio” (sentencia de Amparo 535-2004, de fecha 20-VIII-2009).

En esos casos, la razonabilidad del cambio debería mostrarse desde el inicio del proceso de formación de ley, con un marco de convivencia entre las fracciones legislativas, todos los partidos políticos, representantes de los organismos de la sociedad civil, y el TSE. Un ambiente de esa naturaleza, sería un factor que impediría acciones que produzcan daños colaterales. De lo contrario –ante la ausencia de fundamentaciones–,  esperaríamos el actuar de la Sala de lo Constitucional para motivar la imposibilidad del cambio y por ende conservar su propio criterio.




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