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Editorial & Opinion

Debemos reformar el método de elección de magistrados de la CSJ

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 9, noviembre 2018 - 12:00 am

A finales de octubre de 2018, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, en conjunto con el Centro de Estudios Jurídicos,  organizó un evento para reflexionar sobre el método de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: no se trataba ni consistía en una queja ni reclamo contra la actual coyuntura (aunque fue imposible evadirla totalmente), sino de reflexiones académicas evaluando el vigente método de elección, después de ocho elecciones (entre 1994 y 2015) y la vergonzosa situación de no elección en 2018 (al menos, hasta fines de octubre).

En ese evento, cinco destacados juristas reseñaron y analizaron, desde distintas perspectivas y según sus diferentes experiencias, el método de elección de magistrados y, en esencia, las posturas y pronunciamiento fueron unánimes en un aspecto: el actual método de elección de magistrados debe reformarse sustancialmente.

La evaluación general sobre el citado método generó que en relación al mismo se expresaran diferentes calificativos, que si bien muestran los matices que cada expositor resaltó, lo cierto es que existió coincidencia en el núcleo y fondo del análisis, en tanto que los adjetivos que mereció el vigente mecanismo de elección de magistrados fueron desde “insuficiente”, pasando por “inadecuado” o “agotado”, hasta llegar a “fracasado”.

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Y es que, en efecto, un método de elección de magistrados que se ha evidenciado, por un lado,  incapaz de animar y potenciar que lleguen a la Corte Suprema de Justicia los mejores juristas del país; por otro lado, ineficiente para garantizar que se cumplan tanto los parámetros y exigencias  constitucionales como los estándares internacionales para elección de jueces de las altas cortes (como, entre otros, deliberación pública, participación ciudadana, transparencia y publicidad, elección por mérito, etcétera); además, insuficiente para evitar o, al menos, reducir a su mínima expresión el cuoteo o repartición de cargos entre partidos políticos; y, sobre todo, inútil para evitar que existan acefalías e, incluso, no integración de alguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, ¡definitivamente debe reformarse o hasta crear un mecanismo radicalmente distinto!

Cada uno de los expositores –asumiendo como premisa el actual régimen constitucional sobre elección de magistrados– indicó, tanto desde una perspectiva académica como por la experiencia nacional, que en cada uno de los tres subprocesos que forman el actual mecanismo de elección se aprecian graves deficiencias, citando como más evidentes, entre muchas: en las candidaturas provenientes de elección por abogados, la falta de representatividad de las asociaciones de abogados, la existencia de asociaciones de fachada, la ausencia de mecanismos de verificación de cumplimiento de requisitos por los candidatos, el carácter casi electorero o hasta la presencia de clientelismo en la votación por los abogados; en las propuestas del Consejo Nacional de la Judicatura, la incidencia del origen político de los integrantes del CNJ, la insuficiencia de la deliberación pública; y, no se diga, en la Asamblea Legislativa, la inexistencia de un verdadero régimen normativo para las elecciones de segundo grado (al extremo que el Órgano Legislativo se negó a reformar su propio Reglamento Interior), el cuoteo entre los partidos políticos, el –cada vez más grave– retraso en la elección, la ausencia de claridad en las responsabilidades de los diputados por la tardanza y/o ausencia de elección… y un largo etcétera.


Frente a semejantes deficiencias, se señaló la urgente necesidad de introducir reformas que posibiliten mejorar el proceso de elección, a fin de crear las condiciones para que las magistraturas sean ocupadas por los mejores candidatos.

De las exposiciones se concluye, entonces, la necesidad de reformar el proceso de elección de magistrados, pero debemos señalar que ello no es por purismo académico o por un sentido aristocrático entre abogados, sino porque la existencia de magistrados capaces, idóneos, probos e independientes es, definitivamente, el primero y más esencial requisito para una justicia ética, independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa, es decir, para una justicia que –con solidez intelectual, valentía ciudadana y responsabilidad institucional– busque hacer realidad los valores y principios consagrados en la Constitución.




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