Editorial & Opinion

Defender lo correcto

Federico Hernández Aguilar / Escritor

lunes 21, enero 2019 - 12:00 am

En la última sesión plenaria de 2018, el FMLN –con el ingenuo acompañamiento de los partidos de oposición– le tendió una trampa muy sutil a nuestra institucionalidad democrática. Aparte de lograr la aprobación de un presupuesto estatal con los vicios de siempre, el oficialismo votó para que se eligiera al Dr. Raúl Melara como nuevo Fiscal General de la República. Con esta negociación, llamada “trueque” por algunos, el Frente no solo pone a prueba a la actual Sala de lo Constitucional, sino que desafía la acertada jurisprudencia dejada por la Sala anterior sobre la independencia partidaria de las entidades contraloras del Estado.

Para entender por qué el FMLN ha aceptado de buena gana al nuevo Fiscal hemos de recordar cuál ha sido la postura del partido de gobierno ante las sentencias que fueron eliminando sus “cuotas” en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de la Judicatura. En todos esos casos, no lo olvidemos, el oficialismo tuvo la misma argumentación: la filiación partidaria, e incluso el activismo político, no deberían ser impedimentos para que un salvadoreño sea miembro de cualquier institución con atribuciones de control.

A la inversa de estas pretensiones de “cuoteo”, en la sentencia que declaró inconstitucional el nombramiento de Salomón Padilla como presidente de la CSJ (2013), la Sala aclaró que el derecho de todo ciudadano “de asociarse con fines políticos, aun cuando constituye un derecho de fundamental importancia para la democracia representativa, no es un derecho absoluto, ya que puede limitarse o restringirse excepcionalmente a determinadas personas o funcionarios públicos por razón del cargo o por la naturaleza de la función que desempeñan”.

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Padilla no pudo quedarse a presidir la Corte porque “el ejercicio de un cargo de la carrera es incompatible con la participación en política partidista; esto es, pertenecer a cuadros de dirección o ser representante de partidos políticos o realizar actividad proselitista”. Dos años más tarde, en 2015, al dejar fuera de la presidencia del CNJ a Tito Edmundo Zelada, la Sala puso énfasis en las omisiones de los diputados, señalando que “en el procedimiento de elección del referido abogado, la Asamblea Legislativa no estableció ni documentó los mecanismos para determinar y acreditar la independencia político-partidaria del referido profesional, lo cual contraviene el principio de independencia del CNJ”.

Finalmente, en febrero de 2017, dentro de la medida cautelar que suspendió a Ulises Rivas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la Sala explicó que “el tema sujeto a decisión” consistía en determinar si la Asamblea había cumplido “con la obligación de documentar y constatar la ausencia de vinculación formal y material de dicho abogado con el partido político FMLN”.


En los tres casos citados, la Sala anterior ubicó por encima de los intereses partidarios un bien muchísimo mayor, como es la independencia política de las entidades jurisdiccionales que controlan al poder político, es decir, uno de los principios que hacen posible la buena marcha de cualquier democracia. De hecho, es debido a la vulneración de este principio que venezolanos y nicaragüenses se encuentran hoy sometidos, respectivamente, a las dictaduras de Maduro y Ortega. Y es debido a los avances notables que supusieron para nuestro país las sentencias de la Sala 2009-2018 que sobran razones para defenderlas.

Al FMLN, por supuesto, no le importa la ratificación del Dr. Melara en la FGR con tal que se haga añicos la jurisprudencia que protege a nuestras instituciones del manoseo político. Pero a los salvadoreños que aplaudimos los fallos de la Sala anterior sí nos interesa que no existan retrocesos en esta delicada cuestión. Los principios de la democracia nunca son negociables. Y quienes supeditan estos principios a conveniencias coyunturales, tarde o temprano enfrentan las consecuencias de semejante error. Si no queremos que El Salvador sea otra Venezuela, defendamos lo correcto cuando todavía podemos.

 

*Escritor




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