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Política

“Déjenlo al margen de su debate político, dejen que la justicia actúe con criterios objetivos”

Gerson Chávez

miércoles 25, julio 2018 - 12:02 am

Rodolfo González, exmagistrado y docente.

Rodolfo González, quien fue magistrado de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, cuestiona la experiencia de algunos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cuenta cómo uno de los aspirantes favoritos de los partidos, el jefe de Probidad, Carlos Pineda Melara, comenzó a demorar las investigaciones por indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios. No duda en decir que hay interés de los partidos por controlar la Corte Suprema de Justicia, por una mezcla de temas: justicia constitucional, Probidad, empleados públicos y jueces. “Yo estoy seguro que sí”, responde cuando se le pregunta si hay un intento de control del trabajo de Corte Plena. Diario El Mundo dialogó con el magistrado luego de un conversatorio en el cual el exfuncionario participó la noche del pasado lunes.

 

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¿Cómo ha visto el proceso de elección de magistrados?

Siendo objetivo, es un proceso mejor que tuvimos en el 2015, en el 2012 y en el 2009 que fue cuando nos eligieron a nosotros. Hubo participación ciudadana, entrevistas públicas, más involucramiento de la sociedad civil. Muy preocupante lo que supimos el fin de semana pasado, que había una coincidencia de casi todos los partidos, alrededor de 80 votos, sobre unas personas de las que lo menos que se puede señalar es que no tienen experiencia y que no fueron los mejor evaluados. Según el baremo del diputado no partidario, de la ISD (Iniciativa Social para la Democracia), del Panel Internacional, hay cuatro o cinco coincidencias y entre ellos no está la procuradora general (Sonia Elizabeth Cortez de Madriz), no está el jefe de Probidad (Carlos Pineda) ni el señor Harold Cornejo, que es secretario de un juzgado que no tiene experiencia judicial, en su vida ha firmado ni una sentencia.


 

¿El jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda Melara, atrasó deliberadamente las investigaciones por indicios de enriquecimiento ilícito?

Yo puedo decir objetivamente lo que vimos y estaba a la vista de todos: en el último trimestre de 2015, en todo el 2016 y todavía, digamos la primera mitad de 2017, el señor Pineda enviaba unas investigaciones objetivas, muy detalladas, muy acuciosas, incluso los miembros de la Sala, yo mismo, lo felicitamos porque hacía unas investigaciones muy acuciosas. Es más, le digo que alguna vez, recuerdo, con el caso del señor Jaime Rodríguez (expresidente del Instituto Nacional de los Deportes, INDES), como que iba demasiado lejos, reparando una cantidad, que sé yo, de $600, que la esposa del señor Rodríguez le dio a un hijo. Digamos que está dentro de lo normal que una mamá le dé $600 a un hijo para ir a comprar algo. No es que había deficiencia (en las investigaciones), quizá había exceso de celo; hasta ahí estamos bien.

Después de la segunda mitad de 2017, regresando de las vacaciones de agosto, ya fue diferente, lo digo porque teníamos a dos miembros de Ética y Probidad en la Sala de lo Constitucional: al magistrado (Belarmino) Jaime y (Sidney) Blanco, coordinador de la Comisión. Nos decían que le pedían los informes y a veces como que daba excusas, decía que le faltaba tiempo, había una documentación que le faltaba analizar. Decía que había casos que ya estaban listos, luego decía que faltaba. Objetivamente, con la Ley de Acceso a la Información, se pueden ver los registros, las fechas en que él mandó sus informes a la Comisión, cuándo y desde qué momento empezó a bajar el ritmo de trabajo.

Yo identifico así, tentativamente, el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año, bajó clarísimamente el ritmo.

Incluso, antes de agosto del año pasado, por ejemplo, al señor (Elías Antonio) Saca, creo que al exfiscal (Luis) Martínez, se le investigaron sociedades que estaban vinculadas con ellos o con sus familias; ya con el señor (Nayib) Bukele o con el señor (Óscar) Ortiz, él dijo que no investigaba sociedades, sino funcionarios. Hubo magistrados que le llamaron la atención de cómo antes investigaba a sociedades vinculadas a funcionarios y ahora no las investiga, que es el caso de Obermet con el señor Bukele y una sociedad donde está la esposa del señor Óscar Ortiz.

Afirmar tajantemente que el señor Pineda obstaculizó, no tengo base para afirmarlo; pero le puedo decir, objetivamente a la luz de los datos, el ritmo bajó y que él también ya no estuvo enviando los informes con la misma celeridad, con la misma acuciosidad con que los envió en el último trimestre de 2015, todo el 2016 y la primera parte del año 2017.

Es cierto que sin los votos nuestros de la Sala, pero hubo ocho votos en Corte Plena para aprobar una reserva (de información), es cierto que los funcionarios investigados comenzaron a pedir prórrogas de los plazos, porque al señor (Mauricio) Funes, al señor Saca, al señor (Élmer) Charlaix se le daban 10 días hábiles y ellos empezaron a pedir, 30, 60, 90 días. El señor Sigfrido Reyes pidió 120 días. Hay un memorándum del coordinador de la Comisión que pidió 10 casos (a Pineda) que los enviara a más tardar en la segunda semana de mayo, pero el señor Pineda no lo cumplió. Si eso está vinculado con sus intereses para ser magistrado, pues no tengo yo forma objetiva de decir que hay una relación, pero uno puede sospechar que algo de eso hay.

 

Ante la falta de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil, ¿se debería paralizar el trabajo de la Corte Plena?

Según la Ley Orgánica Judicial, ocho magistrados hace cuórum para deliberar y tomar decisiones y, aunque Armando Pineda no es formalmente el presidente de la Corte, él es vocal de la Sala de lo Constitucional y siempre, a falta del presidente, la presidencia recae en alguno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo discrepo con algunos abogados que dicen que la Corte no está integrada. La ley es clara: con ocho magistrados hay cuórum para deliberar y tomar decisiones.

 

¿Ve un intento de control de los partidos hacia la Sala de lo Constitucional?

Yo estoy seguro que sí. Yo creo que mezclando los temas puramente de justicia constitucional, más la preocupación por Probidad, y por otros temas, de empleados públicos, pero también de jueces, siempre ha habido la tentación de los partidos de colocar alguno de sus militantes para tener alguien a quien llamarle, yo no descartaría que haya un interés de querer el control de la Sala. Justamente lo que nosotros insistimos por nueve años: que las instituciones que administran justicia y administran control se dejen al margen de los intereses partidarios. La Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, por favor, insistimos mucho, déjenlo al margen de su debate político partidario, dejen que la justicia actúe con criterios objetivos, con imparcialidad.

 

Perfil

Rodolfo González

Fue magistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018) y es docente universitario de materia constitucional.




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