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Internacionales

Desconfianza pone en aprietos a oficialista “Comisión de la Verdad” en Nicaragua

Redacción Internacional-AFP

viernes 11, mayo 2018 - 12:00 am

AFP

La Comisión de la Verdad, creada por el parlamento nicaragüense y rechazada por la población, anunció ayer el inicio de las investigaciones y la disposición de recibir el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que coaliciones de universitarios la señalaran de carecer de legitimidad y objetividad ya que es controlada por el gobierno de Daniel Ortega.

Estudiantes dijeron esta semana en un comunicado que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz creada el domingo por el Congreso de mayoría oficialista e integrada por personas afines al gobierno, “carece de legitimidad y respaldo” y exigieron la formación de otra, “pluralista, justa y confiable”, como condición previa a un diálogo que aún no tiene fecha.

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Sin embargo, el ente oficialista cedió ante la presión popular  y  dijo aceptará  “contactos con organizaciones especializadas en los derechos humanos en el ámbito nacional, regional e internacional, tal como la CIDH, así como con las autoridades correspondientes”.

“Nosotros consideramos que es valiosa la colaboración de la CIDH”, explicó Adolfo Jarquín, un miembro de la comisión, quien informó que han enviado cartas a la relatora del organismo interamericano así como al presidente Daniel Ortega sobre su petición.


También se han contactado con el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), agregó.

La Comisión de la Verdad fue instalada el domingo por el parlamento, dominado por el oficialismo, para investigar los actos de violencia acontecidos en las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron el 18 de abril y que han dejado 47 muertos y más de 400 heridos.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ex aliado del gobierno, emitió un comunicado donde coincidio con el pedido estudiantil.

Los empresarios reiteraron su pedido de una “investigación independiente y creíble” con participación de organismos de derechos humanos y que se ponga ante la justicia a los responsables de las muertes durante las protestas.




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