Editorial & Opinion

Descontrol parlamentario y control partidario

Roberto Burgos Viale / Abogado

lunes 21, octubre 2019 - 12:00 am

La principal tarea de la Asamblea Legislativa es la de producir leyes basadas en el interés común, no la de replicar actos de campaña que dejan en evidencia intereses sectarios, en los que se considera a los contrincantes políticos como enemigos a vencer. Esta última es la percepción del militante, del cuadro político, del activista fanático.

El control parlamentario es algo distinto y no es lo mismo que el control partidario. El primero –se insiste en ello- tiene como base el interés colectivo, mientras que el segundo, se inspira en la legítima aspiración de alcanzar y mantener el poder en el marco de las leyes, la Constitución y del legítimo ejercicio de los derechos políticos. El primero es un servicio, el segundo es una ambición.

Se trata pues de percepciones distintas, de ámbitos diferenciados que la mayoría de veces son incompatibles. Prueba de lo anterior son las medidas disciplinarias de los institutos políticos en contra de sus diputados disidentes, que sean justas o no, ceden ante las facultades constitucionales de la investidura legislativa, de las que aquellos no pueden ser privados mientras se mantengan en el cargo.

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Esta diferencia de percepciones en el actuar legislativo de naturaleza autónoma y el actuar partidario más sujeto a intereses de grupo, ha tenido muy poca proyección en la historia contemporánea salvadoreña. Durante mucho tiempo, el partido político con más votos se llevaba el botín de la presidencia del congreso y la mayor cantidad de plazas disponibles para sus correligionarios y simpatizantes. Como si se tratara de una lotería política que tenía muy poco que ver con otros que no fueran del mismo instituto.

El cambio en la jurisprudencia constitucional que llevó al voto por rostro y a modificaciones en la aritmética política –como la eliminación de la “plancha nacional”-, obligó a los diputados a alcanzar acuerdos, dentro y fuera de sus partidos, llevando a la presidencia legislativa a una representación rotativa de los partidos mayoritarios o que representan la alianza de mayor peso.


Parecía que lo partidario cedía a lo parlamentario, pero pronto se impuso el secreto y la opacidad a lo que debieron ser arreglos públicos, que permitieran a los ciudadanos un control efectivo de sus representantes, o al menos una clara expectativa sobre que esperar durante los tres años que dura cada legislatura.

Pero a pesar de los cambios mencionados, éstos apenas han logrado que se impongan los valores democráticos en este órgano de Estado.

El control parlamentario que debería estar más allá de intereses sectarios, enfocando sus efectos en el nombramiento de los funcionarios de segundo grado más capaces, o en el endeudamiento frugal y equilibrado que garantice el buen futuro de las próximas gestiones gubernamentales, termina cediendo al más puro egoísmo de los líderes de bancada, que en nombre de sus patrocinadores, muchos de ellos secretos o mal disimulados en grupos de presión, mueven sus piezas dentro de un congreso desacreditado y que se ha terminado convirtiendo en un fin en sí mismo.

La capacidad de la Asamblea Legislativa de darse su propio presupuesto, de formar comisiones especiales, de interpelar funcionarios y hasta de superar el veto presidencial, ha terminado ejerciéndose en forma ciega, o más bien, en representación exclusiva de los intereses de los mismos que financian cada instituto político.

Prueba de esta ceguera política son los malos resultados de la gestión legislativa: un presupuesto que se incrementa casi todos los años y que favorece únicamente a proveedores de bienes y servicios, aprobación de leyes que luego son declaradas inconstitucionales, intentos de “fraude de ley” en la interpretación que se hace de las atribuciones constitucionales, mora reiterada en la tarea de legislar en materias sensibles como reconciliación nacional o prestaciones sociales, en suma, un trabajo que deja mucho que desear y que aumenta la desconfianza ciudadana y el descrédito del mismo parlamento.

El costo de esta realidad lo pagaremos en el futuro. La sustitución del control parlamentario por la voluntad partidaria ha socavado la independencia legislativa, la calidad del debate en el pleno y la libertad de los representantes para ejercer su voto en los asuntos sometidos a su conocimiento. La puesta en escena que se hace una vez a la semana incluye un minuto de silencio por las personas víctimas de la violencia. Pronto habrá que mostrar ese mismo duelo por el Estado de Derecho que perdimos.




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