Editorial & Opinion

Desechan moralidad notoria

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 19, junio 2019 - 12:00 am

Desde 1886, durante la presidencia del general don Francisco Menéndez, cuando se aprobó la primera Constitución liberal, que fue considerada una de las más avanzadas para su época en Hispanoamérica, quedó consignado con letras indelebles que para ciertos cargos del Estado, no solo era obligatorio poseer una instrucción notoria, sino también “una moralidad notoria”. De esa forma, el legislador de aquella lejana época, prevenía que a los altos cargos públicos pudieran accesar personas con mucho conocimiento profesional, pero moralmente reprochables, tanto en su vida privada, como en su conducta ante la sociedad, por lo que era necesario consignar constitucionalmente como requisitos indispensables que fueran de “notoria moralidad e instrucción”, que como una máxima grabada en lámina de oro, ha perdurado hasta nuestros días, como una garantía que tales personas no pudieran seguir efectuando ese proceder reprochable desde un puesto de la administración pública.

Tal vez, pienso, ya para esas épocas, más de alguna experiencia desagradable se había producido en la sociedad circunspecta de tal tiempo, cuando viajar desde San Salvador hasta La Unión, en carretas de bueyes, significaba un recorrido doloroso y cansado de varios días, con paradas obligatorias en determinados sitios. Y pienso que pudieran haber sido colegas de mi carrera de leyes, los más señalados, a juzgar por unos relatos de Arturo Ambrogi y Alberto Masferrer, entre otros escritores, donde se refieren a los tales como “mañosos de levita”, cuando eran los abogados los únicos que usaban levitas en sus ocupaciones profesionales.

Una de las peores tragedias del partidismo politiquero, ha sido vaciar en los tres órganos de gobierno de la República, a correligionarios capacitados, pero inmorales, que les ayuden a realizar acciones lesivas contra el erario nacional, con erogaciones cuantiosas que, supuestamente, se destinarían a realizar obras diversas, pero que jamás se llevaron a cabo o quedaron en obras mal hechas que no ameritaban esas sumas enormes.

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Otros funcionarios han aprovechado los puestos para emplear a toda la parentela posible, incluyendo a parientes en séptimo grado de consanguinidad, pero que al final eran parientes. Otra modalidad fue hacer licitaciones fraudulentas que de antemano ya “estaban arregladas” con quien se prestaría al entuerto aparentando honestidad en esos transes.

Conozco la historia de ciertos mandatarios que llegaron como inquilinos de la “Casa Blanca” (pero la nuestra, no la de Washington, ubicada donde después construyeron el Cine Libertad), con solo “dos mudadas de ropa”, y después eran grandes hacendados, como uno que mediante decreto se apoderó de las “tierras ejidales”, y las escrituró a su favor. ¡Era, por cierto, abogado!


A propósito, miraba un documental donde una manada de leonas rodea a una gacela y la sacrifican, dejando la presa para que llegue ufano y feroz un león enorme, que satisfecho su apetito, deja los restos a ellas, junto a las hienas que también llegan para participar del festín. Algo similar ha ocurrido en nuestro pobrecito país: del festín presupuestario han participado desde el gobernante de turno, hasta su legión de ministros, secretarios, jefes de tercera categoría, etc. etc. tal como se está develando en procesos penales incoados a dos mandatarios, uno de ellos, prófugo arropado con calidad discutible de asilado político, que le obtuvo el pasado gobierno del FMLN con el dictador genocida de Nicaragua, Daniel Ortega. Pues, precisamente, hablando de Roma y el Papa que se asoma, hace unos días, salió a relucir otro caso que demanda nuestro interés y preocupación. Es ya sabido que por décadas, el gobierno y sus dependencias, se negaron sistemáticamente a dar información de sus actividades y planes, con la etiqueta que se trataba de “asuntos confidenciales de Estado”, escondiendo artificiosamente todas las truculencias presupuestarias, por lo que se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que fomentara la cultura de transparencia, pero que se decantó por nombrar en alto cargo a un abogado suspendido en su ejercicio notarial y quien, por años, ocultó datos sobre los gastos de varios viajes del expresidente Funes, el mismo que vive en Nicaragua, todo porque advirtieron que “era el mejor preparado”.

De nuevo lo mismo: aceptaron la instrucción, pero desecharon la moralidad. Ojalá hayan rectificado el error cuando se publiquen estos comentarios.




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