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Editorial & Opinion

Desfinanciamiento 2019

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

miércoles 2, enero 2019 - 12:00 am

Con la reciente aprobación del Presupuesto General de la Nación, se deja en evidencia que los diputados o no saben lo que aprobaron o con conocimiento de causa y de forma deliberada, han autorizado un presupuesto que está desfinanciado y que conduce al país por el camino de la insolvencia y falta de liquidez, dado que la deuda soberana (es el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país) y la deuda externa (es la suma de las deudas que tiene un país hacia el exterior entidades extranjeras y otros países), continua en alza año con año, al grado  que se ha llegado al 70 % del PIB.

A pesar que en los últimos años el Gobierno ha mejorado la recaudación tributaria, dado que ha modificado hacia arriba la tasa impositiva de impuestos ya existentes y ha creando nuevos impuestos y contribuciones especiales (25 rubros de impuestos), los cuales han golpeado drásticamente a la clase media y a la micro y pequeña empresa, no obstante a ello, el retorno en obras públicas ha sido mínimo, la seguridad ciudadana y pública, ha tenido una leve mejoría, pero no lo suficiente  para atraer nuevos inversionistas o para que nuestros hijos circulen libremente sin que sean secuestrados o asesinados por los pandilleros.

De manera que no se está haciendo uso racional de los ingresos públicos, ni tampoco se visualiza que los políticos quieran aplicar la ley de responsabilidad fiscal, dado que los obliga a gastar menos de lo que ingresa, por ejemplo; para el ejercicio 2019 el estimado del presupuesto asciende a $6,733.2, que representa un incremento de $1,265.7, equivalentes a 23.1 % con respecto al presupuesto votado del 2018 y un 24.9 % con respecto al PIB. Muy alejado de la estimación de los ingresos corrientes que se espera percibir, que sería $4,760.6 millones, lo que implica un déficit muy elevado en un país tan pobre como el nuestro.

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Por otra parte, no existe una distribución equitativa o justa de los gastos corrientes que se esperan percibir de $4,183.6, equivalentes el 62.1 % del total de los ingresos, de ello se ha destinado para remuneraciones un total de $1,901.2, con un incremento de $84.4 millones con respecto al 2018.  Es decir que el gasto en planilla, es elevadísimo en relación a las obras sociales que deberían de desarrollarse en las zonas más vulnerables del país, contrario a ello se visualiza que el resto del gasto corriente está mal distribuido y orientado a bienes suntuosos, ya que no se ha focalizado en educación, seguridad, salud, combate a la pobreza o medio ambiente.

Ya que únicamente $ 40.5 millones, se han destinado para el programa de erradicación de la pobreza, y la prevención de la violencia, y para la compensación a víctimas del conflicto armado, con presupuesto escolar, se han presupuestado $21.6 millones, en consecuencia no es posible que El Salvador crezca económicamente o que mejore los niveles de seguridad pública y seguridad ciudadana o que se reduzca la pobreza, porque los rubros con menos asignaciones presupuestarias, son justamente los que están conectados con el desarrollo sostenible del país, para impulsarlo por el sendero del progreso.


Creo se les ha dicho hasta la bastedad a los políticos, que dejen de repartir el presupuesto favoreciendo sus intereses partidarios y de sectores oportunistas, además de ello es tiempo que los señores diputados elaboren y aprueben un presupuesto proporcional a los ingresos, para no continuar hipotecando al país de manera irracional, para ello les propongo a los diputados que hagan un análisis real de las finanzas públicas y que tomen las medidas siguientes:  reducir la operación y la estructura del Estado por los menos 30 %; eliminar los gastos innecesarios como combustible de funcionarios, vehículos de lujos.

También, servicios telefónicos, gastos médicos privados, eliminación de fondos reservados (partida secreta), viajes, viáticos, gastos de licor,  así mismo por respeto al pueblo salvadoreño, se   debería de despedir a todos los parientes de diputados, de funcionarios públicos  y del señor Presidente y Vicepresidente, con salarios obscenamente altos, mientras existen salvadoreños que no pueden ni acceder a un empleo digno, porque cada vez que se aplica al gobierno a plazas con buena remuneración, siempre las asignan al pariente del asesor o del ministro,   lo cual constituye prácticas corruptas que hacen retroceder al país.

Para que El Salvador verdaderamente progrese y los niveles de delincuencia bajen, se requiere hacer una fuerte inversión en educación (6 % del PIB), trabajar con los niños y jóvenes, dotarlos de las herramientas educativas de vanguardia, prepáralos para que sean emprendedores, y sembrar en ellos valores bíblicos, ya que apostarle a la educación, es apostarle a la mano de obra calificada, a la productividad y a la generación de riquezas.




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