Editorial & Opinion

Despertó Colombia

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 27, noviembre 2019 - 12:00 am

El reciente estallido de protesta y movilización social a gran escala en Colombia es un proceso de acumulación de descontento, aunque sorpresivo. En este país los paros nacionales han sido excepcionales en su historia política y social: en 1954 ocurrió uno contra el entonces presidente Gustavo Rojas y el más recordado se dio en el contexto de la crisis económica de 1977, contra el gobierno del Partido Liberal encabezado por Alfonzo López Michelsen. Desde entonces han transcurrido 42 años.

Algunos analistas consideran que ha sido el complejo y tortuoso proceso de 60 años de guerra interna el que inhibió mayores expresiones de lucha y movilización social durante el período; en vista de que los diferentes gobiernos y poderes fácticos, bajo el pretexto de enfrentar la lucha guerrillera, justificaron la represión sistematizada y generalizada para anular cualquier expresión de lucha social de mayor escala.

El descontento que impulsa a este paro cívico nacional se da en medio del desplome de credibilidad del presidente Iván Duque. A tan solo 15 meses de gobierno apenas cuenta con el 26 % de apoyo y ya sufrió una apabullante derrota en las elecciones municipales, legislativas y de gobernadores el pasado 27 de octubre, cuando su partido el ultra conservador Centro Democrático de tendencia “Uribista” fue arrasado.

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En el marco regional, esta coyuntura de movilización social en Colombia es parte de la efervescencia política económica y social que atraviesan las naciones de Suramérica. Algunos de estos procesos han conducido a golpes de Estado como en Bolivia, otros a conflictos políticos desestabilizadores que llevaron a la renuncia del gobierno, Perú, por ejemplo; en cambio, países como Chile y Ecuador enfrentan sendas agendas reivindicativas empujadas por multitudinarias movilizaciones de calle y en casos como Argentina, las diferencias y el descontento decantaron en estrepitosos cambios de gobierno por la vía electoral.

En Colombia, el acuerdo de movilización fue convocado desde el 4 de octubre; primero, a una enorme marcha el 17 de octubre, tras cuyo éxito fue llamado el país a Paro Nacional del 21 de noviembre. La responsabilidad de esa convocatoria fue asumida por una amplia coalición de más de cien organizaciones sociales multisectoriales y de oposición política, entre las que destacan: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el Encuentro Nacional de Emergencia, el Movimiento Social Congreso de los Pueblos, el Comando Nacional Unitario; y por supuesto organizaciones estudiantiles, de mujeres, maestros, indígenas, campesinos, organizaciones defensoras del Acuerdo de Paz y ONG de toda naturaleza.


La coincidencia de este vigoroso y amplio abanico de actores se hizo sentir de manera contundente en todo el país, principalmente en las grandes ciudades, reflejando la irrupción de un nuevo momento político y social en Colombia: al desplazarse el foco principal de atención que ocupaba el conflicto insurgente debido a la suscripción del Acuerdo de Paz -aunque todavía hay significativos remanentes de alzados en armas de distinta naturaleza-, se ha generado un gran espacio político para la expresión social de toda una energía de descontento acumulado, contenido cual represa.

Es dispersa la agenda que estimula esta avalancha política y social, lo más destacado es: a) la insatisfacción por el modelo económico, en uno de los países más desiguales del continente, que ha condenado a millones de colombianos a la pobreza y al desempleo aun cuando crece por arriba del 3,3 %; b) la amenaza de una reforma de pensiones muy distante de las expectativas de los asalariados; c) la implementación de políticas laborales que disminuirían el salario de los jóvenes; d) una posible reforma tributaria regresiva; e) la denuncia de graves hechos de corrupción; f) graves violaciones a Derechos Humanos; y g) el retroceso y falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos entre la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia, cuando el respaldo a estos acuerdos ha venido creciendo, ganando cada vez mayores apoyos en aquella sociedad y la comunidad internacional.

El gobierno de Colombia, como en otras épocas, trató de contener infructuosamente este repunte social, incluso de atribuirlo a agentes extranjeros; hubo censura a medios de comunicación alternativos, militarización de las ciudades, allanamientos, apresamiento de activistas, toque de queda en distintas localidades, cierre temporal de fronteras con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. Finalmente se impuso la demanda para producir cambios en Colombia.

Hoy el reto de las partes en aquel país, para unos, es convertir el descontento y movilización en organización y coherencia de una agenda política con impacto mediático, capaz de producir cambios estructurales; y para otros, como el gobierno, es como abrir verdaderos espacios de diálogo y entendimiento que conduzcan a un nuevo pacto social. Veremos qué pasa.




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