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Política

Deuda política pretende bajar dependencia de los partidos

Yolanda Magaña

lunes 3, diciembre 2018 - 12:02 am

El director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades), Luis Mario Rodríguez, explicó que el financiamiento público surgió para reducir la necesidad financiera de los partidos y liberarlos en parte “de la dependencia de aportantes que podían exigir favores a cambio”.

Aseguró que, si bien es “razonable” la inversión estatal en la democracia, es “discutible” que el Estado asuma toda la campaña electoral en países con grandes carencias con pobreza e indigencia.

“La contribución estatal a las actividades ordinarias de los partidos es coincidente con la idea de que los partidos son instituciones fundamentales de la democracia y contribuyen al fortalecimiento de los sistemas democráticos”, señaló. Detalló que los fondos públicos pueden destinarse al funcionamiento, capacitación de los dirigentes o campañas electorales.

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También para el representante de la organización Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, el espíritu de la Constitución es dotar de recursos a los partidos para que tengan cierto grado de independencia de los poderes económicos. Sin embargo, no cree que el financiamiento público haya cumplido esa función. “Sí es importante el financiamiento público para los partidos políticos, porque es un mecanismo que teóricamente puede prevenir la captura de los partidos por grupos de interés”, afirmó.

Explicó que al final la deuda política “no ha cumplido ese rol” porque durante el periodo de 2014-2018 el financiamiento privado ha prevalecido sobre el financiamiento público.


En el periodo 2014-2018 la democracia electoral ha costado más de $171 millones y los partidos, recuerda, requieren de fondos para promover a sus candidatos y sus propuestas electorales.

Ambos especialistas señalan la posibilidad de restricciones o prohibiciones de financiamientos privados.

El director del DEP señala que el financiamiento privado puede ser visto como una expresión de ideología, pero que despierta preocupación por la posible pretensión de algunos aportantes “de utilizar sus contribuciones como una forma de ganar acceso privilegiado a los funcionarios, obtener ventajas y beneficios o directamente ‘comprar’ decisiones”.

Enumera que se puede prohibir aportes de concesionarias del Estado, casinos y juegos de azar, bancos y entidades financieras, empresas, gobiernos o ciudadanos extranjeros, iglesias, organizaciones profesionales, empresariales o sindicales. Lo recomendable, dice, es la rendición de cuentas y la información a la prensa y los ciudadanos, de manera efectiva, sencilla y oportuna.

Por su parte, el representante de la AC explicó que hay modelos en los cuales el financiamiento privado no excede del público o en los que hay prohibiciones específicas o supresión total del financiamiento privado.

“Creemos que se debe mantener el sistema de financiamiento mixto. Habría que ver que siempre sea superior al privado para evitar que sectores de interés se tomen a los partidos. Habría que revisar los criterios porque solo está basado en la fuerza electoral de cada partido”, dijo. Según el representante de la AC, hay que limitar la cantidad de donación de los privados para que tengan menos dependencia y no descarta prohibición o restricción de donaciones de empresas.




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