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Economía

Deuda pública llegaría a 93 % del PIB en 2030 si no se hace ajuste fiscal

Uveli Alemán

lunes 28, mayo 2018 - 12:02 am

Si El Salvador mantiene el mismo ritmo de endeudamiento y no introduce nuevas medidas fiscales para revertirlo, la deuda pública representaría hasta el 93 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, 29.7 puntos porcentuales más que el ratio de 2017, advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

El tanque de pensamiento presentó la semana pasada su Informe de Coyuntura Económica, en el cual incorporó una serie de escenarios sobre el crecimiento de la deuda pública, así como su valor como porcentaje del PIB para los próximos 13 años.

Estos escenarios se elaboraron con el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y consideró una tasa de crecimiento económico del 2.5 %, que es el promedio que se ha reportado después de 2009, cuando el país sufrió los efectos de la crisis internacional.

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Fusades recordó que con el nuevo SCN, el tamaño del PIB es más pequeño y, por lo tanto, el ratio de deuda se dispara del 64.8 % que se había estimado con la anterior metodología para 2017, a 71.7 % del PIB. Este ratio corresponde a la deuda del Sector Público No Financiero más pensiones. El tanque de pensamiento estimó este año alcanzará el 72 % de la producción nacional, 0.3 puntos más que en 2017.

La Fundación estimó que si se mantiene el nivel de endeudamiento público y no se aplica un ajuste para equilibrarlo, para 2024 el ratio sobrepasará el 80.2 % del PIB y se mantendrá entre 80 % y 90 % hasta 2029. Ese año llegaría al 90.7 % y en 2030 sería 93 %.


 

Aumenta la presión

Los escenarios elaborados con el anterior SCN apuntan a que el ratio de la deuda pasaría de 64.8 % en 2017 a  69.3 % en 2030, 4.5 puntos adicionales y no los 21.3 que se prevén con la nueva metodología para medir el PIB.

“El análisis indica que la deuda como porcentaje del PIB sigue creciendo de manera insostenible y se requiere de medidas de ajuste fiscal para estabilizarla y hacerla descender. La reforma de pensiones lo que ha facilitado es reducir la magnitud del ajuste requerido”, puntualizó la institución en su informe.

En ese sentido, Fusades destacó que en el corto plazo se requiere una reducción del déficit fiscal y definir una regla numérica para que las Letras del Tesoro Público (Letes, deuda de corto plazo) se utilicen solo para necesidades temporales de liquidez.

Realizar un ajuste fiscal también ha sido propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo ha recomendado al país un ajuste del 2 % del PIB entre 2019 y 2020.

José Andrés Oliva, analista del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de Fusades, consideró que en los próximos años el Gobierno contará con menos ingresos que en 2017, pero más responsabilidades por el pago de deuda local y compromisos con inversionistas internacionales. Consideró que en el futuro el Gobierno tampoco contará con el período de gracia para honrar la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y la tasa de interés de estos instrumentos se elevará al 6 %.

Además, se mantiene la expectativa que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, continúe elevando los intereses y esto provocaría “que préstamos con tasa variable aumenten su pago de intereses”, agregó.

¿Qué debe enfrentar el Gobierno?

 

Menos ingresos

Fusades dijo que 2017 se caracterizó por entradas de dinero temporales, como la recaudación tributaria por la amnistía fiscal y los ingresos por subastas del espectro radioeléctrico. Dijo que la absolución para el pago de impuestos solo duraría dos años más.

 

Deuda pública

El Gobierno solicitó, la semana pasada a la Asamblea, autorización para emitir más $3,200 millones en bonos que serían utilizados para honrar $800 millones en Letes y otros $2,457.71 millones para honrar siete emisiones de deuda que se vencen entre 2019 y 2024.

 

Alza de intereses

La Fed no ha descartado aplicar un nuevo incremento en los tipos de interés, que afectaría la deuda salvadoreña que paga una tasa variable y elevaría el costo de colocar deuda pública. Se le suma el deterioro en el perfil crediticio por el impago que tuvo el país.




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