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Editorial & Opinion

¿Diputados transgresores de derechos fundamentales?

Claudia Flores Mejía / Abogada

miércoles 3, octubre 2018 - 12:00 am

Podríamos atrevernos a creer que únicamente existen formas directas de vulnerar derechos fundamentales constitucionales; por ejemplo: cuando una autoridad limita ilegítimamente el ejercicio de los mismos, sin justa causa, sin motivación alguna o por cualquier otra razón que carezca de sustento legal. Pero ¿qué pasa cuando a las puertas de la administración de justicia que debe realizar la Sala de lo Constitucional se restringe el ejercicio del derecho a la protección jurisdiccional por la flagrante omisión de los diputados de la Asamblea Legislativa en nombrar a sus magistrados? ¿Es o no una transgresión indirecta a ese derecho?

En principio, reconozcamos las cifras ocasionadas por tan reprochable omisión. Desde que los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional dejaron sus cargos el 15/07/2018, hasta el 27/09/2018, habían transcurrido 74 días sin elección de las personas que ocuparán su lugar; como consecuencia, desde esa última fecha, han ingresado a esa sede judicial 76 demandas de hábeas corpus, 76 de amparo y 10 de inconstitucionalidad. En total, representan 162 procesos sin dilucidar, completamente paralizados debido a la imposibilidad que las resoluciones sean emitidas y suscritas, pues, evidentemente, la Sala carece de composición subjetiva. Cabe aclarar que el equipo técnico del referido tribunal elabora los proyectos de resoluciones; sin embargo, éstos quedan resguardados mientras no se cuente con los magistrados que discutan y participen en la elaboración de los mismos.

A ese cúmulo de procesos habrá que sumar los expedientes en trámite que no han sido resueltos definitivamente por haber quedado pendientes en la gestión de la Sala anterior, entre éstos, casos de transgresiones a derechos de salud e integridad personal de reclusos en los diferentes centros penales del país, algunos de ellos promovidos porque han sufrido el flagelo de las medidas extraordinarias –ahora permanentes–, detenciones inconstitucionales, infracción a derechos laborales, de defensa, debido proceso y otra serie de derechos.

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La falta de nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de los parlamentarios, indiscutiblemente, está generando una paralización indebida en la tutela de los derechos fundamentales invocados a través de las demandas de los diferentes procesos que conoce; estamos hablando no solo de supuestos de actuaciones inconstitucionales de las autoridades públicas que deben ser analizados y decididos, sino de la existencia en el ordenamiento jurídico de normas contrarias a la Constitución capaces de generar, por su sola aplicación, lesión a diversas categorías jurídicas subjetivas, sobre las cuales, ineludiblemente, debe examinarse su permanencia o expulsión de dicho ordenamiento.

Para todas y todos, en nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos, debe ser inaceptable que la protección jurisdiccional efectiva de los derechos fundamentales objeto de los procesos constitucionales, se supedite a las componendas políticas que se fraguan en el seno de la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados. Debe indignarnos observar como la población salvadoreña presenta sus demandas en búsqueda de tutela de las que consideran vulneraciones a sus esferas jurídicas, sin obtener una pronta respuesta por la antojadiza negociación de los grupos parlamentarios sobre sus cuotas de intereses que quieren ver representadas en la Sala de lo Constitucional.


Pensemos en los protagonistas de que el país no cuente con el tribunal que brinda protección reforzada a los derechos constitucionales. Sí, pensemos en esas 84 personas que nos representan en el parlamento salvadoreño. ¿Es que a caso no fueron elegidos por los ciudadanos que ahora sufren directamente las consecuencias de no obtener una pronta y cumplida justicia en el ámbito de tutela constitucional? Ahora pensemos también en sus asesores jurídicos, ¿no se trata de personas conocedoras de derecho que entienden que la falta de nombramiento de los miembros de un tribunal constitucional ocasiona una grave falla en el sistema de protección de derechos que repercute directamente en la condición de la persona agraviada?

Exijamos a los diputados que se ocupen de los intereses de la población, fin para el cual fueron electos por mandato constitucional, tal como lo dispone el artículo 125 de la norma suprema, y que sin mediar más discusión –pues las mismas se han vuelto estériles ante la calificación que ya tienen de los candidatos–, tomando en cuenta las evaluaciones realizadas y los mejores resultados de ellas, elijan a los magistrados que deben componer la Sala de lo Constitucional, para frenar definitivamente la restricción ilegítima a la administración de justicia que esta misma debe ejercer.




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