Nacionales

Director PNC desconoce ejecuciones extrajudiciales en corporación

Saraí Alas

jueves 29, agosto 2019 - 12:01 am

Durante la administración de Sánchez Cerén, la PNC negó cometer ejecuciones extrajudiciales; durante el juicio del Caso San Blas, el juez dijo que hubo una ejecución aunque la Fiscalía no probó quién asesinó a un joven. / Archivo DEM

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, afirmó desconocer sobre casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a miembros de la institución, luego de la publicación del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) donde documentó la ejecución de 116 personas entre 2014 y 2018.

Arriaza aseveró que quienes deben determinar si los agentes policiales  cometieron alguna ejecución extralegal son los jueces a través de una sentencia y aseguró que hasta el momento la entidad solo tiene reportes de “indicios” de algunos casos que  actualmente están investigando.

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“La institución policial jamás va a aceptar es que esto (las ejecuciones extrajudiciales) sea una política o un consentimiento de parte de la institución; su visión, su misión, su filosofía, es la transparencia y como órgano auxiliar de la administración de justicia, nosotros somos respetuosos en los procedimientos y también creemos en la independencia judicial”, dijo el titular de la PNC, ayer.

La PDDH logró documentar  48 casos donde constan que fueron ejecutadas 116 víctimas, durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, solo en 2016, la Procuraduría dijo que se habían cometido 178 ejecuciones.


De acuerdo al informe, esos asesinatos fueron reportados por miembros de la PNC a los medios de comunicación como enfrentamientos contra pandillas, intercambio de disparos o una desaparición o ejecución por grupos de exterminio.

El jefe policial también informó que la semana pasada la PNC instaló una mesa de actuaciones judiciales que está conformado por la PDDH y otras organizaciones que han  denunciado las ejecuciones extrajudiciales para indagar si algún elemento de la policía “tomó la ley por sus manos”, para entregarlo a la justicia.

El director policial defendió que cuando ocurre un enfrentamiento entre agentes y supuestos pandilleros, además del resguardo de la escena que hace la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, también llega la secretaría de responsabilidad profesional y la unidad de control, de la PNC, “para verificar que las actuaciones policiales ahí se han dado en el cumplimiento del deber”.

Según expedientes de la Procuraduría el 50 % de las ejecuciones ocurrieron en el departamento de San Salvador donde asesinaron a 21 personas y en La Paz, 25 víctimas.

La directora del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, dijo en la presentación del informe, que las ejecuciones responden a políticas de seguridad que no han regulado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en comunidades vulnerables.

Esta semana, la titular de la PDDH, Raquel Caballero, reiteró que es importante que el nuevo Gobierno y a las actuales autoridades de Seguridad y Justicia asuman las responsabilidades que atribuye el informe a los oficiales de policía y pidió que judicialicen a los responsables.




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