Política

Discuten poner brazaletes a procesados por corrupción

Gerson Chávez

martes 30, abril 2019 - 12:02 am

La Comisión de Legislación pidió opinión de la propuesta de reforma a la Ute, a la Fiscalía General de la República y a los jueces. / Cortesía Asamblea

La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa inició este lunes el estudio del anteproyecto de reforma del artículo 77 del Código Penal para permitir que las personas condenadas hasta con cinco años de prisión utilicen un brazalete electrónico y puedan gozar de libertad condicional.

La iniciativa de ley fue enviada a la Asamblea Legislativa desde septiembre del año pasado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, por medio de su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

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Los diputados de Arena Ricardo Velásquez Parker y René Portillo Cuadra criticaron la propuesta; dijeron que abre las puertas para que las personas condenadas por delitos de corrupción gocen de libertad condicional y solo sean monitoreadas por medio del brazalete electrónico.

Según Portillo Cuadra, la reforma así como está redactada “manda a sus casas y solo con un brazalete a aquella persona” que ha cometido delitos graves y de corrupción como “peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, malversación y enriquecimiento ilícito”.


El diputado Javier Valdez, del FMLN, defendió la propuesta y dijo que la misma “le da facultad al juez para decidir si concede este beneficio” al imputado.

Sin embargo, Portillo respondió que no se puede dejar “al arbitrio” del juez decidir a “quién sí y a quién no” darle el brazalete electrónico.

El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, dijo en un primer momento que estarían “de acuerdo” con la reforma, tal como está; luego, planteó la posibilidad de modificarla para “poner las excepciones de cuándo no se puede dar” brazaletes a los procesados.

Tras la discusión, la Comisión de Legislación acordó que pedirá la opinión sobre la propuesta de la reforma a la Unidad Técnica del Sector Justicia (Ute), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces.




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