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Dreamers temen supremo de EE.UU. les dé la espalda

Redacción Internacional

jueves 30, enero 2020 - 12:34 am

Tras la victoria que se anotó la administración del presidente Donald Trump al recibir la validación de la Corte Suprema de Estados Unidos para aplicar sanciones a inmigrantes legales que reciben ayudas sociales a la hora de optar a una residencia permanente, la esperanza de los “Dreamers” se volvió a sacudir. Temen que el Supremo también les dé la espalda a ellos y vote en contra del Programa de Acción Diferida (DACA) que los protege.

Son cerca de 700,000 jóvenes  amparados a este programa por ahora congelado tras la cancelación por parte del Gobierno de EE.UU.

“$42 millones que se aportan por parte de los ‘soñadores’ al año, es tan grande que considero que ayuda a la economía de los EE.UU., ayuda de una manera muy grande a las personas que se gradúan de la universidad y esa es de la manera como creamos trabajos”, expresó Carlos Salazar, un empresario “dreamer” entrevistado por la cadena Telemundo.

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Salazar teme que el programa DACA aún vigente por una decisión judicial llegue a su fin, avalado por una decisión de la Suprema Corte.

“Ahora el criterio fundamental para que una persona pueda entrar al país, es que tengas dinero”, lamenta Melissa Taveras, representante de la Coalición de Inmigrante de Florida, en declaraciones a Telemundo.


La decisión de DACA se espera a mediados de 2020 y activistas y defensores de inmigrantes han advertido que impulsarán todos los recursos posibles para evitar que la Corte Suprema le dé otra victoria al gobierno de Donald Trump.

Taveras dice que un recurso esperanzador es que “la popularidad de los ‘dreamers’ es impresionante” y gozan del apoyo de cientos de grupos políticos y civiles, “un 95 % de republicanos y demócratas” los apoyan también.

 

Primer golpe

El lunes los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 a favor de la petición de la administración Trump de levantar un bloqueo establecido por un tribunal, de menor rango, para frenar la aplicación de la norma de sanciones a migrantes que usan servicios públicos estatales y federales.

Una victoria al endurecimiento de las reglas sobre las “cargas para la sociedad” que comenzó en 2018, como parte del plan de Trump para frenar la inmigración.

Con esta regla los oficiales de inmigración tienen más facilidades para negar la entrada u otorgar un determinado estatus migratorio a personas que dependan de ayudas públicas.




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