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Política

EE.UU. recrimina al Gobierno salvadoreño desinterés para combatir la corrupción

Yolanda Magaña

sábado 6, octubre 2018 - 12:03 am

Ortiz representará al país en Conferencia sobre Prosperidad. / DEM

La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, se reunió este lunes con el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, luego de iniciar las reuniones con altos funcionarios del Gobierno estadounidense que valoran las relaciones entre ambos países luego de un conjunto de decisiones salvadoreñas.

Entrevistada en el programa “Frente a Frente”, de Telecorporación Salvadoreña (Tcs), la pregunta fue qué conversaron en la reunión.

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Respondió que su trabajo “es comunicar los mensajes de la Casa Blanca” y que Estados Unidos tiene “diferencias” con El Salvador: el apoyo del gobierno salvadoreño a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, y la falta de combate a la corrupción incluyendo un veto presidencial clave en el tema. “Esa es una decisión que el gobierno puede votar, pero es señal (de) que no tiene compromiso de combatir la corrupción”, señaló.

Manes se refería a la reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República que intentaba fortalecer el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda recibir, dar o analizar información financiera nacional o internacional, base para investigar los delitos financieros en el país y el mundo.


La reforma, que intentaba independizar el trabajo de la UIF respecto al fiscal general, fue vetada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y la idea de superar el veto no tuvo apoyo de FMLN y su usual aliado, GANA.

Según Manes, casi en todas las reuniones los altos funcionarios estadounidenses preguntaron sobre los casos importantes sobre corrupción, en un caso, por qué razón el presidente de la República no pide que el exgobernante salvadoreño asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, regrese al país para enfrentar la justicia en El Salvador. Funes es procesado por lavado de dinero.

Relación complicada

La representante de la nación norteamericana en El Salvador reiteró la preocupación de su país en torno a una posible injerencia militar de China en la región.

Reiteró que las pláticas que analizan la relación entre EE.UU. y los diplomáticos de los países llamados a consultas –El Salvador, Panamá y República Dominicana– continuarán las pláticas y el análisis sobre cuáles serán las consecuencias y la política que implementará EE.UU.

Por ahora, la relación de la administración estadounidense con el Gobierno de El Salvador es considerada “bastante complicada”.

“Obviamente tenemos una relación bastante complicada en este momento, por las decisiones del gobierno de El Salvador”, expresó la embajadora Manes, refiriéndose al respaldo a Venzuela y Nicaragua, al veto presidencial, el desinterés por combatir la corrupción y la relación poco transparente con la República Popular China.

Otra de las preguntas que hicieron los funcionarios estadounidenses fue la perspectiva de que haya una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “de buena calidad”.

El próximo acercamiento entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ocurrirá en Washington el 11 de octubre en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. Por El Salvador, llegará el vicepresidente Óscar Ortiz; por Guatemala y Honduras, los respectivos presidentes de ambos países.

El Gobierno estableció relaciones con la República Popular China el 20 de agosto pasado, día que rompió relaciones con China Taiwán, un aliado político importante de los Estados Unidos.

 

El Congreso de EE.UU. tiene 16 condiciones para los fondos de la alianza para la prosperidad. Algunas:

 

Combatir la corrupción: Combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de Gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción.

 

Independencia judicial y FGR: Implementar reformas, políticas y programas para la transparencia y fortalecer las instituciones, aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y de la Fiscalía General.

 

Medidas contra migración ilegal: Informar a los ciudadanos de los peligros de viajar ilegalmente a la frontera sudoeste de los EE.UU., combatir el tráfico y trata de personas.

 

Contrarrestar el crimen: Contrarrestar las actividades de las bandas criminales, traficantes de droga y el crimen organizado es otra de las condiciones impuestas por el Congreso en el decreto.




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